Tras más de cinco horas de la audiencia de acción ambiental directa, el Tribunal Agroambiental emitió una resolución de 12 medidas cautelares para proteger el jaguar (Panthera onca) y su hábitat entre las que figuran la pausa ecológica y la protección reforzada a siete defensores ambientales.

La resolución de los magistrados, que será notificada hasta el 30 abril, ordena pausa ecológica por quemas y chaqueos en todo el territorio nacional, crear un fondo a favor de la protección del jaguar, la protección a los defensores ambientales, pausa ecológica áreas protegidas prohibiendo cualquier actividad extractiva, la recategorización en el “libro rojo de vertebrados” del jaguar, control en aeropuertos para evitar el tráfico de partes y derivados de fauna silvestre en particular al jaguar.

Estas y otras acciones deben ser realizadas por diferentes entidades públicas como el Ministerio de Medio Ambiente, la Defensoría del Pueblo y la Autoridad de Bosques y Tierras.

La audiencia, que se desarrolló este 23 de abril en Sucre, fue instalada para atender la demanda de la diputada María René Álvarez, quien solicitó medidas cautelares de prevención y restauración del hábitat de jaguares, frenando la caza de este animal en el Área Natural de Manejo Integral (AMNI) San Matías.

En más de cuatro horas, la demandante, los codemandantes, las autoridades y los “amicus curiae” (amigos de la corte) hicieron el uso de la palabra para sustentar sus posiciones. La parte demandante manifestó que no existe ninguna medida efectiva que proteja al jaguar y debido al peligro en que se encuentra esta especie se requiere inmediata protección.

A su turno, los representantes del Viceministerio de Medio Ambiente aseguraron que la Panthera onca ya pasó de vulnerable a especie en peligro debido a los factores identificados que amenazan a la especie, es así como ya figura en el “Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia” que será publicado próximamente. Además, dijeron que están evaluando el Plan de Acción para la Conservación del Jaguar (Panthera onca) 2020-2025.

Mientras, el represente de la Vicepresidencia reiteró la posición contenida en el memorial que solicita la improcedencia de las medidas cautelares y pidió que se revisen las competencias ya que la decisión del Tribunal Agroambiental podría tener consecuencias jurídicas.

Finalmente, realizaron sus intervenciones los amicus curiae ofreciendo información sobre la problemática de la especie. Una de ellas fue la bióloga Ángela Núñez quien detalló que se han decomisado 760 colmillos de jaguar, lo que implica que se asesinaron más de 200 jaguares para extraerles los colmillos y llevarlos al continente asiático.

Contrariamente, a lo que aseguró el representante de la Aduana, quien manifestó que, entre el 2010 y 2025, “no existe salida de jaguar y sus derivados”.

Tras un receso que duró cerca de una hora, la sala plena del Tribunal Agroambiental, compuesta por Roxana Chávez, Rocío Vásquez, Richard Méndez y Víctor Hugo Claure, dictó las medidas cautelares que a continuación resumimos.

Las 12 medidas de la resolución

1. En el marco del Acuerdo de Escazú, se ordena a diversas instituciones del Estado como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Policía que, en el plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la notificación, disponer medidas para prevenir ataques, amenazas, intimidaciones contra defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y sus familias.

Siete personas recibirán protección reforzada, porque la defensa del tráfico de animales silvestres está vinculado a un contexto de organizaciones criminales transnacionales: María René Álvarez Camacho, diputada; Marcos Uzquiano, guardaparque; Juan Carlos Camacho Terceros, abogado de la demanda; Daniela Justiniano Núñez, activista ambiental cofundadora de Alas Chiquitanas; Rodrigo Herrera Sánchez, abogado y director de la Asociación Justicia Ambiental; Lisa Mirella Corti, periodista ambiental y representante del colectivo “El llanto del jaguar”; y Antonio Alberto Cajías Cueto, director de la Voz de la Naturaleza.

También pueden sumarse otros defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales que soliciten igual protección.

2. La Defensoría del Pueblo, en un plazo de 30 días hábiles a partir de la notificación, debe elaborar un plan de acción nacional de reconocimiento y protección de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y sus familias, con enfoque de género, intergeneracional, intercultural, interseccional y territorial.

3. Se ordena al Ministerio de Medio Ambiente, junto con gobiernos autónomos y entidades como el SERNAP, ABT y GAIOCS, elaborar e implementar planes de manejo participativo para mitigar los conflictos humanos – vida silvestre, en el plazo de seis meses, poniendo énfasis en el jaguar y con participación indígena.

4. Se exhorta al Tribunal Supremo de Justicia que todo proceso de extradición relativo a delitos contra la biodiversidad, con nexos a la delincuencia organizada transnacional, se tramiten con celeridad y prioridad.

5. El Ministerio de Medio Ambiente, en el plazo de seis meses, debe actualizar la categorización del jaguar en el “Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia” para que pase de “especie vulnerable” a “especie en peligro o en peligro crítico”.

6. Se exhorta a la Asamblea Legislativa crear, mediante ley, un fondo de conservación del jaguar con fondos de fuentes nacionales y de la cooperación.

7. Se ordena al Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con otras entidades, implementar de forma inmediata y coordinada una política de tolerancia cero de tráfico de la vida silvestre en todos los aeropuertos. Y que incorpore como requisito que el personal de control en aeropuertos sea capacitado en el reconocimiento de las partes del jaguar y otras especies protegidas.

8. Dispone que el Ministerio de Medio ambiente, en coordinación con gobiernos locales, en un plazo de seis meses, elabore el plan nacional para conservación del jaguar para 10 años (2025-2035) conforme a los corredores ecológicos identificados por la WCS y la WWF.

9. Disponer la pausa ecológica por quemas y chaqueos en todo el territorio nacional: a) se ratifica la suspensión inmediata de todas las autorizaciones de quemas emitidas por la ABT, b) se ratifica la prohibición de emisión de nuevas autorizaciones de quemas por parte de la ABT y c) la medida es de aplicación directa e inmediata. Esta medida estará vigente hasta una evaluación técnica de las autoridades con supervisión del Tribunal Agroambiental.

10. Disponer la pausa ecológica para las actividades antrópicas y extractivistas en las áreas protegidas, con incidencia en el corredor biológico de conservación del jaguar.

11. Dispone que el Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con otras instituciones y en un plazo de 120 días, elabore una guía de actuación interinstitucional para el acceso y análisis de evidencia biológica decomisada, presentando informes de avance bimensuales al Tribunal Agroambiental.

12. Dispone que el Ministerio de Educación inicie un proceso de actualización y refuerzo de los contenidos educativos en todos los subsistemas pertinentes en estas áreas: 1) conservación de la biodiversidad 2) cambio climático 3) Contaminación. Este plan debe estar listo en 90 días.

Fotos: Tribunal Agroambiental