La Pública Cochabamba

Las estadísticas señalan que, entre enero y noviembre de este año, Cochabamba reportó siquiera 25 casos de feminicidio, una cifra que la convierte en la segunda región con más asesinatos de este tipo, solo superada por La Paz. Se trata de un dato que, a estas alturas, podría resultar ajeno para pocos. Pero, aun siendo de dominio público, es una cifra incapaz de siquiera sugerir a qué se debe esta alta incidencia de violencia de género en Cochabamba. Menos aún podría echar luces sobre las razones por las que esta ola de asesinatos indigna y moviliza principalmente a otras mujeres y no así a hombres.

De hecho, la disminuida implicación de los hombres ante los feminicidios puede también leerse como un comportamiento cómplice y/o responsable con la violencia de género. Así lo interpreta la socióloga María Esther Pozo, directora del área de Humanidades y Género del Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de la UMSS, para quien la indiferencia de la mayoría de los varones cochabambinos ante la seguidilla de crímenes contra las mujeres podría también sugerir la propia condición violenta de los mismos.

“Eso (el que no se manifiesten contra los feminicidios) nos haría suponer que los hombres en Cochabamba son más violentos, que el índice mayor de asesinos corresponde a los hombres”, afirma Pozo, una autodeclarada activista feminista que cree que inferencis como la que planteaba líneas atrás son prácticamente intocables en el medio local.

Su lectura va más allá al afirmar que la sociedad genera víctimas y victimarios. “Y hasta ahora solo hemos hablado de las víctimas. ¿Qué hay de los victimarios?”.

Violencias que se callan

Ahora bien, es cierto que la estadística dura de los 25 feminicidios reportados en Cochabamba -que corresponde al más reciente reporte (de finales de noviembre) del Observatorio “Manuela” de Violencia, Feminicidio y Mujeres en Riesgo del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM) y que ha sido corroborada por los datos de seguimientos del diario cochabambino Opinión- no da pie a mayores interpretaciones sobre las razones de esta ola de violencia contra la mujer ni sobre el papel específico que juegan los hombres –más allá del obvio de los verdugos- en este contexto. (Leer nota sobre el informe del CIDEM)

No obstante, hay otros datos que bien podrían ayudar a vislumbrar factores y comportamientos como los que plantea Pozo a manera de hipótesis. Algunos de ellos se hallan en los resultados de una encuesta realizada en el departamento de Cochabamba por las instituciones Ceres y Ciudadanía y difundida por el diario Los Tiempos. (El reporte completo puede consultarse aquí)

Así, por ejemplo, uno de los hallazgos más llamativos de la encuesta manifiesta que el 16% de los hombres cree que a veces se justifica golpear a sus parejas y que un 10.3% de las mujeres también así lo considera. A estas cifras se suma una no menos significativa: que la violencia física contra las mujeres está en el 38% de los hogares. De los casos de violencia física reconocidos, el 62.1% no son denunciados ni ameritan acciones de las víctimas. Y en un rango similar, del 60%, están quienes responsabilizan de las violaciones sexuales a las propias víctimas, señalando la forma de vestir y el comportamiento de las mujeres como una suerte de provocación del delito, añade el informe de la investigación.

Aunque Pozo tiene observaciones sobre la validez de algunos de estos datos, considera que en general son útiles para comprender el comportamiento aún machista y patriarcal de la sociedad cochabambina, así como ilustrativos para sustentar su análisis. A su entender, el que haya un porcentaje tan alto de casos de violencia de género sin denunciar no solo habla del temor o la irresponsabilidad de las víctimas que sufren maltrato, sino también de la ausencia de políticas y campañas que promuevan también a hombres para realizar las denuncias. Los varones deberían tomar conciencia de que su pareja, su madre o su hija podrían ser objeto de violencia y, en esa medida, deberían tomar cartas en el asunto y empezar por reportar las vejaciones.

La también docente e investigadora de la UMSS considera que el alto índice de casos sin denunciar puede también explicar el que la violencia de género no es un mero problema de las clases más populares, sino que ha atravesado también a otras clases. “El tema de violencia sexual está en las mujeres de clase media, solo que no hay registros de ellos, pues esos registros están con los psicólogos; en cambio, de los sectores populares están en la Policía”, observa.

Más presencia, más violencia

Pozo cree el alto índice de feminicidios en Cochabamba podría obedecer a varios factores característicos de Cochabamba o que se muestran más pronunciados en esta región.

Algunas de estas características que menciona son la importante migración de mujeres hacia Cochabamba, el hecho de que las mujeres se hayan ido apropiando del espacio público cochabambino desde hace ya buen tiempo (a través del comercio, principalmente) o el que su participación en organizaciones sociales y políticas sea creciente. “Esto nos hace pensar que las mujeres en la actualidad conocen sus derechos y que han existido muchos cambios en las mujeres, pero no así en los hombres”, advierte Pozo.

En su criterio, hay una enorme brecha que separa las mentalidades de las mujeres y de las de los hombres en Cochabamba, pues mientras éstas ya han comenzado a reflexionar y hablar sobre asuntos como el trabajo, la sexualidad, la violencia y la maternidad, ellos no han procedido de igual manera.

Tampoco se puede dejar de lado el que la participación de las mujeres en la vida política departamental y nacional haya crecido sustantivamente en los últimos años, siendo ya un hecho que ocupan un 50% o más de las listas de representantes de los partidos en los escenarios de poder y un porcentaje similar en muchas de las carteras ejecutivas del Estado.

El contraste entre este avance cualitativo de las mujeres en la escena pública-política y el clima de violencia que muchas de ellas deben soportar es lo que genera más de un interrogante.

Un estudio realizado por Pozo revela que, en la Cochabamba de los años 50 del pasado siglo, la violencia de género era mayoritariamente ejercida por los maridos hacia sus esposas, lo que se reflejaba en las demandas de divorcio registradas en aquella época en que los casos de maltrato no llegaban a ser reportados ante la Policía.

En la actualidad, los casos de violencia que sí llegan a ser denunciados a la Policía ya no son solo cometidos por maridos contra sus esposas, sino que son un comportamiento general ejercido por hombres hacia mujeres. Ya no se trata de una situación automáticamente atribuible a problemas de pareja. “El hecho se ser mujer tiene una enorme implicancia en el tema de la violencia”, asevera Pozo. “Los feminicidios, la violencia sexual y la violencia doméstica expresan una necesidad de sentar poder de los hombres sobre las mujeres”, remata.

No obstante, admite que muchos de los casos de más extrema violencia, como son los feminicidios, sí se ajustan a un patrón en el que de por medio hay relaciones de pareja. “¿Quiénes mueren? Muere aquella mujer que ha osado decirlo no a su marido, muere aquella mujer que dice que no va a ser lo que él quiere o que finalmente no quiere vivir más con él. Ese es el perfil de las mujeres que son asesinadas”, asevera.

Dibujado el perfil de las víctimas, toca, entonces, hablar de los victimarios o de por qué casi nadie habla de ellos.

Estado “neopatriarcal”

Que la indignación y la protesta frente a los feminicidios haya calado tan poco entre la población masculina y que la atención ante la violencia de género se haya ocupado casi exclusivamente de las víctimas y no así de los victimarios son comportamientos que hablan de la pervivencia de lo que Pozo denomina un “Estado neopatriarcal” y de los mandatos sociales aún vigentes.

La noción del “Estado neopatriarcal” se revela en el hecho de que, aun habiendo lanzado medidas para luchar contra la violencia de género, como la Ley Integral 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, en la práctica el Estado boliviano aún reproduce y alienta prácticas de exclusión, discriminación y maltrato de las mujeres. Estas prácticas condicen con los mandatos sociales aún vigentes, que se traducen en que sean aún muchos los hombres que no reconocen una relación de equidad frente a las mujeres.

“Los hombres no están dispuestos a ceder los espacios a las mujeres en condiciones de equidad e igualdad. Y eso es gravísimo, porque una sociedad que no valora lo justo, lo inclusivo y lo equitativo, es una sociedad con graves problemas, como es el feminicidio”, advierte. “Estamos hablando de la muerte de mujeres por el solo hecho de ser mujeres”.

En este marco, no debería dejarse de lado que el periodo histórico de cambio que atraviesa Bolivia tiene una incidencia inevitable sobre la situación de las mujeres. “Si revisamos la historia, en los procesos de cambio grandes y significativos, quienes pasan una mayor factura son las mujeres y los niños”, apunta.

No obstante, testimonios recogidos por La Pública dan cuenta de que, aun sin ser mayoría ni mucho menos, de a poco van asomándose cada vez más hombres que aseguran estar comprometidos con la lucha contra la violencia de género y que, en esa medida, reconocen una relación de equidad con sus parejas.

Durante la más reciente celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el pasado 25 de noviembre, algunos varones hablaron abiertamente de la necesidad de asumir medidas de hecho para combatir la violencia de género.

Es el caso de Fernando Machicao, quien reconoce que, aun a pesar de haber sido criado en el seno de una familia machista, la vida le ha llevado a reeducarse con una orientación más equitativa. Dice que, entre otras cosas, ha debido aprender a valerse por sí mismo para cumplir obligaciones domésticas (como cocinar o lavar), que en su niñez y adolescencia solían ser solo cosa de mujeres. La experiencia le ha hecho comprender que la mujer no puede cumplir roles estrictamente subalternos o domésticos en la sociedad cochabambina, por lo que condena cualquier tentativa para limitarlas u obligarlas a cumplir tales roles a través de la violencia.

En una tónica similar, Juan Pablo Soto se muestra partidario de que hombres y mujeres, más aún si viven en parejas, compartan todas las obligaciones que hacen a un proyecto de vida compartido. Hecha esa aclaración a nadie debió sorprender ver a Juan Pablo haciéndose cargo de su bebé de poco más de un año, solo y sin necesidad de acudir a su pareja, en medio movilización que tomó la plaza 14 de Septiembre el 25 de noviembre pasado. Sí resultó más sorpresivo que asegurara que no son tan escasos los hombres que condenan la violencia de género, pero que se ven limitados de participar en las protestas públicas por el miedo de romper con esos roles impuestos por la sociedad.

Estado o autoorganización

El 25 de noviembre pasado, la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas de Atención Prioritaria (Fevap) hizo conocer que el Ministerio Público dictó desde marzo del 2013 hasta la fecha nueve sentencias por casos de feminicidio en Bolivia. (Ver noticia al respecto: http://oxigeno.bo/node/5792 )

Para María Esther Pozo, datos como el citado ofrecen una prueba de la Ley Integral 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia no funciona. A lo sumo, a esta norma se le podría atribuir algunos logros más indirectos, como el que se haya condenado y vetado públicamente a eventuales candidatos políticos acusados o procesados por casos de violencia de género (como Adolfo Mendoza en Cochabamba o Jaime Navarro en Chuquisaca).

Más allá del uso político que se le dio a casos de esta naturaleza, la experiencia demostró que la presión ciudadana –en las redes sociales y en las calles- puede operar muy bien como un mecanismo para censurar a figuras públicas con pretensiones políticas.

Por lo demás, Pozo lamenta la escasa utilidad de la normativa vigente para combatir la violencia de género en Bolivia, en general, y en Cochabamba, en particular. Pese a que venía siendo demandada desde hace meses por instituciones y organizaciones sociales como el Defensor del Pueblo, en el municipio recién el 1 de diciembre entró en vigencia la Ley 0066/2014 que declara alerta contra la violencia hacia la mujer en Cochabamba y que garantiza un presupuesto de 650 mil bolivianos para desarrollar programas de prevención y atención de las víctimas. En ese mismo sentido, el vecino municipio de Quillacollo ya puso en vigencia una ley municipal de alerta contra la violencia de género. (Leer la nota)

Sin embargo, al abordarse la posibilidad de que se declare una ley departamental que declare alerta en toda Cochabamba, los asambleístas oficialistas y opositores se enfrascaron en una vergonzosa disputa política por hacer valer sus respectivas propuestas, lo que postergó el tratamiento de la iniciativa. (Ver nota completa)

“Aunque haya declaraciones del Gobierno y de las autoridades para combatir la violencia de género, ésta (la disputa política en la Asamblea Departamental) es una prueba de que no existe la voluntad política para ello”, dice.

Esta manifiesta ausencia de voluntad política es la que ha convencido a colectivos feministas como Ramonas Revolucionarias de prescindir del Estado para combatir la violencia de género en Cochabamba y Bolivia. Cecilia Matienzo, integrante del colectivo que también participó de las movilizaciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, asegura que la respuesta a esta pasividad estatal es la autoorganización, la generación de iniciativas ciudadanas que permitan a mujeres y hombres prevenir y actuar frente a la violencia de género.