A cuatro años del secuestro y tortura de siete periodistas en el predio Las Londras, en la provincia Guarayos (Santa Cruz), las víctimas continúan sin justicia y los agresores permanecen en libertad. Este hecho, ocurrido el 28 de octubre de 2021, se ha convertido en un símbolo de la impunidad estructural que afecta al ejercicio del periodismo en Bolivia.
El Informe Especial Las Londras, elaborado por organizaciones de periodistas y derechos humanos, recuerda que ese día un grupo armado encapuchado emboscó a una caravana integrada por comunicadores, policías y trabajadores agrícolas. Los periodistas fueron retenidos por más de ocho horas, golpeados, torturados y amenazados de muerte, mientras los agresores destruían sus equipos y material de trabajo para impedir la difusión de los hechos.
Cuatro años después, el proceso judicial sigue paralizado. Tres de los imputados se encuentran en rebeldía y los otros dos enfrentan el juicio en libertad. La causa fue suspendida tras un recurso de declinatoria que busca llevar el caso a la jurisdicción indígena originaria campesina, una maniobra que, según las víctimas, constituye una forma de revictimización y un intento de evadir la justicia ordinaria.
El informe advierte que las dilaciones, los cambios arbitrarios de fiscales y la falta de debida diligencia evidencian la falla estructural del sistema judicial boliviano para garantizar justicia y protección a la prensa. Esta impunidad, señala el documento, no solo afecta a las víctimas directas, sino que envía un mensaje de intimidación al conjunto del periodismo nacional y limita el derecho ciudadano a recibir información veraz y plural.

“Cuando los agresores de periodistas no son sancionados, se consolida un efecto de censura y autocensura que debilita la democracia”, sostiene el texto, recordando que la libertad de expresión es un pilar esencial del Estado de derecho.

El informe también insta al Estado boliviano a cumplir con sus obligaciones internacionales y adoptar medidas urgentes, entre ellas: la reanudación inmediata del juicio oral, la creación de un Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas como Defensores de Derechos Humanos, y la implementación de políticas efectivas de reparación y no repetición.

Múltiples vulneraciones

El ataque a los periodistas en Las Londras constituye una violación múltiple a derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que en su artículo 106 garantiza la libertad de expresión y el derecho a la comunicación e información. La violencia ejercida contra los periodistas y la consiguiente impunidad vulneró, además, los derechos a la integridad personal, a la libertad y seguridad, al acceso a la justicia y a la protección judicial efectiva.
De acuerdo con los estándares internacionales, el Estado tiene el deber de prevenir, proteger, investigar y sancionar los actos de violencia contra periodistas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido en reiterada jurisprudencia (casos Velásquez Rodríguez, Palamara Iribarne, Lagos del Campo) que la impunidad perpetúa la vulneración de derechos y genera un efecto inhibitorio sobre el ejercicio de la libertad de expresión.

Las y los periodistas, por su labor de informar y fiscalizar el poder, deben ser reconocidos como defensores de derechos humanos porque la violencia ejercida contra ellos afecta no solo a las víctimas directas sino a toda la sociedad.
El ataque de Las Londras es, por tanto, un atentado al derecho ciudadano de acceder a información veraz y plural, condición indispensable para la participación democrática.

Impacto en la democracia

La impunidad en el caso Las Londras trasciende a las víctimas y se proyecta como un mensaje de violencia y censura estructural contra la prensa boliviana. Además, la falta de sanción a los responsables vulnera el derecho de la sociedad a recibir información y restringe el debate público, debilitando el pluralismo y la deliberación democrática.

Cuando los agresores de periodistas no son sancionados, se consolida un efecto amedrentador que impulsa la autocensura, especialmente en regiones donde los conflictos territoriales y el poder político o económico generan riesgos adicionales.

Este patrón de impunidad socava la credibilidad del sistema judicial, debilita la confianza ciudadana en las instituciones y pone en riesgo el principio democrático de rendición de cuentas.
El caso también evidencia la ausencia de un mecanismo de protección integral para periodistas como personas defensoras de derechos humanos, una deuda pendiente del Estado boliviano pese a reiteradas recomendaciones de organismos internacionales como la CIDH, la ONU y UNESCO.