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La paradoja va más allá del Gobierno Central, pues hablamos de un corpus de entidades públicas del Estado que lejos de apostar a la apertura de la información pública al ciudadano (derecho consagrado en la Constitución Política del Estado), ha mantenido (y en algunos casos, “innovado”) el secretismo. Gobiernos y administraciones que no tienen la predisposición política de asumir la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana como base fundamental de su quehacer cotidiano.