Jueves, 28 Enero 2016 15:55

Mujer que denunció violencia intrafamiliar es acusada de difamación por su exesposo

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Patricia entrevistada en el Tribunal de Justicia. Patricia entrevistada en el Tribunal de Justicia. Mabel Franco

La preocupación de los defensores de los derechos de las mujeres es que, si el caso Soria contra Kucharsky procede, se estaría sentando un antecedente funesto para quienes se animen a denunciar a sus agresores. En lo concreto, se sospecha de tráfico de influencias, pues el acusador es hijo del Embajador de Bolivia en Cuba y desde 2014 la justicia no ha dado respuesta rápida ni positiva a quien ha presentado pruebas por agresiones intrafamiliares.

Mabel Franco / La Paz

Patricia Kucharsky, que desde 2014 ha interpuesto reclamos por violencia intrafamiliar contra su ahora exesposo Liber Soria Romeu, podría terminar debiéndole dinero y otras satisfaccions si prospera el proceso legal que le ha interpuesto por los cargos de injuria y difamación. La primera audiencia se cumplió el 28 de enero en el Juzgado Tercero de Sentencia en lo Penal, en La Paz, donde el acusador, a través de sus dos abogados, apunta a la acusada por graves daños en su honor, el de su familia y en su vida social y laboral.

Ocurre, se argumentó, que Patricia ha difundido por varias vías acusaciones contra Líber por violencia doméstica, “pagando por las publicaciones en Página Siete y la radio Virgen de los Deseos (lo correcto es radio Deseo), acudiendo incluso hasta ENTEL”, donde trabajaba el ingeniero financiero, lo que habría causado su despido de la empresa, además de dañar a su familia. Patricia habría llegado a enviar notas a la Embajada de Bolivia en Cuba, que encabeza el padre de Líber, Palmiro Soria. Además, el hombre habría sufrido un infierno dentro del matrimonio, con insultos, gritos y arañazos de parte de la acusada.

La situación, según el abogado Marco Antonio Tapia, se habría hecho insostenible cuando Líber anunció que iba a salir del país para hacer un posgrado. Esto habría desencadenado las acusaciones de Patricia, las que, se hizo notar, han sido desestimadas por la justicia ante la “falta de pruebas”, de manera que no hay temas legales pendientes que obstaculicen la demanda por injuria, planteó uno de los abogados al juez René O. Delgado.

La abogada que colabora con el colectivo Mujeres Creando y que representa a Patricia respondió que las dos causas contra Líber Soria están pendientes en la Fiscalía, pues se ha impugnado la decisión de la justicia en vista de la existencia de muchas pruebas, entre ellas certificados forenses por impedimento de tres, cinco y ocho días a causa de golpizas, que no se tomaron en cuenta.

La acusación decidió disponer los tres días que contempla la ley para analizar este argumento y así concluyó la audiencia que se retomará apenas el juez indique la fecha.

Liber Soria Romeu. Foto: Mabel Franco

Líber Soria Romeu al fondo. En primer plano, sus abogados.

La palabra de Patricia K.

Patricia, psicóloga clínica, es madre de dos niñas. Está divorciada de Líber Soria, con quien estuvo casada durante ocho años, luego de que su matrimonio diese un giro que derivó “en violencia psicológica y física”. Según ella, la relación cambió para mal cuando anunció su segundo embarazo y el esposo quiso obligarla a abortar.

Como ella no aceptó el aborto, Líber la habría abandonado para irse a vivir con otra persona. La pareja volvió a juntarse y fue entonces que ella se enteró de la beca de posgrado; “él se enfureció y me dio una golpiza que me causó lesiones en la espalda, las que no sólo representaron ocho días de impedimento, sino cinco meses de rehabilitación”.

Sobre el despido de ENTEL, Patricia dijo que Líber “salió por conclusión de contrato, no por otra causa, como ha certificado la empresa”.

El pago de publicaciones, argumento de la acusación, fue desmentido por la abogada de Patricia K., pues aquellas se dieron, en el caso de la prensa escrita (no sólo Página Siete), luego de una conferencia de prensa brindada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, citando tres casos distintos, y en el tema de la radio, se trata de un servicio gratuito de Mujeres Creando.

Lo que sí es cierto, añadió la demandada, es que su exesposo trabaja como músico de un grupo de rock y que no cumplió con las pensiones para las dos hijas sino desde hace cuatro meses; “en todo caso, debe todavía 16 mil bolivianos, además de que ha logrado que se le reconozca el pago mínimo dispuesto por ley”.

"Defiendo mi vida"

Patricia Kucharsky

Patricia Kucharsky (centro de la foto) en el banquillo de los acusados.

“He denunciado la violencia, es cierto, tal cual pide el propio presidente Evo Morales. He apelado a la Ley 348 para proteger mi vida; puedo decir que soy una sobreviviente”. Sin embargo, “pese a los certificados forenses, al certificado de la Defensoría de la Niñez sobre violencia ejercida por el padre contra mis hijas, el Poder Judicial dicta sobreseimiento y paradójicamente acompaña la denuncia de él por difamación”.

Patricia, consultada por los medios que se hicieron presentes en la audiencia, respondió que sí sospecha de tráfico de influencias en favor del hijo de un embajador, “pues no hallo otra explicación a la forma en que se ha desestimado mis denuncias”.

Por esa razón y por la forma en que se ha respondido a la demanda de Patricia frente a la rapidez con que se procede en la denuncia contra ella, su abogada sugirió la necesidad de una auditoría jurídica.

“Revictimización”

Varias mujeres y algunos hombres se reunieron en los pasillos del Juzgado para respaldar a Patricia. Los familiares de Líber, que durante la exposición de la acusación afirmaron desde el sector del público, en voz baja, que las agresiones de ella contra él “ocurrieron tal cual”, salieron raudamente del lugar, pues los gritos se hicieron más fuertes e incluso se escuchó llamar “feminicida” al hombre.

Sólo el abogado Tapia, de la acusación, respondió a los medios: “Únicamente velamos por el cumplimiento de la ley que exige presumir la inocencia de una persona", justificó la demanda por difamación.

Quien también respondió las consultas, además de Patricia K., es Mary Marca, exdirectora del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), para quien este proceso por injuria es de revictimización. “Un agresor no puede iniciar procesos; el antecedente, si se acepta, será funesto para las mujeres agredidas que se animen a denunciar a sus agresores”.

Marca, que en 2014 era cabeza del CIDEM, servirá de testigo a Patricia, a quien conoció aquel año cuando ella acudió a pedir orientación y protección. Se le consiguió un refugio temporal en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, pues la mujer, recuerda Marca, “estaba deprimida y desesperada; fueron dos semanas en las que se la protegió ante su temor de sufrir más violencia; tenía certificados médicos, fotos, y lo que yo vi es a una mujer en estado emocional muy grave”.

Alerta nacional

En marzo próximo se cumplirán tres años de vigencia de la Ley 348 para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres. La norma no ha sido suficiente para frenar la violencia, al menos a juzgar por la cantidad de feminicidios de los que se tiene noticia: 11, nada más en los 23 días de enero de 2016.

Según Marca, quien acttualmente es miembro del Observatorio de Exigibilidad de Derechos de las Mujeres, algo que llama la atención es la saña con que se mata a las mujeres: hay tortura y violación antes del asesinato. “El agresor marca su poder en el cuerpo de las mujeres; hay desprecio, odio traducido, por ejemplo, en los cuerpos vejados, quemados, etc.”.

Frente a ello, la justicia no da señales de comprensión del fenómeno, considera. Faltan fiscales y forenses debidamente preparados; muchos suelen argumentar falta de recursos técnicos, pero no es ése el verdadero problema, sino la mirada, la perspectiva, el conocimiento para levantar pericias adecuadamente.

Una de las expresiones de esa realidad es el caso de Patricia K., considera Marca, pues no sólo que la respuesta de los administradores de justicia va en contra de una víctima, sino que se anula una posibilidad de prevención del feminicidio al abrir la posibilidad de penar el derecho a la denuncia.

Sobre la urgencia de declarar alerta por los casos de feminicidio, Marca considera que no se ha procedido en tal sentido desde niveles gubernamentales porque implica destinar recursos, aunque el factor decisivo es "la falta de voluntad política".

Visto 3741 veces Modificado por última vez en Miércoles, 30 Marzo 2016 13:52
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