A nivel institucional, el Ministerio de Gobierno es la máxima autoridad responsable de la formulación, planificación, aprobación y gestión de las políticas públicas, como también de la coordinación y control de la seguridad ciudadana. “Ejercerá sus funciones respetando los Derechos Humanos y el ejercicio de la ciudadanía plena”, se lee en el artículo 9 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
Como ente máximo, es responsable de:
1. Formular, aprobar y ejecutar las políticas públicas para la prevención, mantenimiento y restablecimiento en materia de seguridad ciudadana, reguladas en la presente Ley.
2. Formular, aprobar, gestionar y ejecutar los programas, planes, proyectos y estrategias nacionales para la prevención, mantenimiento y restablecimiento en materia de seguridad ciudadana, en el marco de la presente Ley.
3. Formular, aprobar y ejecutar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el que contemplará la desconcentración de los servicios policiales a nivel departamental, municipal e indígena originaria campesina.
4. Dirigir a la Policía Boliviana, garantizando su accionar efectivo en la preservación, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana y la defensa de la sociedad, priorizando su acción preventiva.
5. Promover el intercambio y/o cooperación internacional en materia de seguridad ciudadana.
6. Articular con la población la formulación e implementación de políticas públicas en prevención y mantenimiento de la seguridad ciudadana.
Lamentablemente, el Gobierno habría fracasado en este ámbito por su clásica política de “cero tolerancia” y “mano dura”, con grandes inversiones en tecnología preventiva, infraestructura policial, equipamiento y personal. Pese a que –según los expertos en el tema– esas políticas no han funcionado en ninguna parte del mundo donde han sido aplicadas.
