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Al entrar, la comunidad parece un lugar tranquilo, como si nunca hubiesen pasado policías persiguiendo a los vecinos y sacándolos de las casas, ni llenando las calles de gas, ni pateando puertas y ventanas. Pero, una vez dentro, aún pueden verse las ollas donde se cocía la comida la tarde del 18 de agosto, y que nadie llegó a probar, porque fueron quemadas; se ven cristales rotos por el suelo, puertas sin cerraduras y caras largas y tristes. Una persona de las que aquel día fueron aprehendidas resume la escena: "Este dolor no se va a borrar fácilmente".  

Gemma Candela / Santa Cruz

Cualquier funcionario debe atender correctamente a una ciudadana o un ciudadano. Una persona puede esperar que el trato sea aún más cuidadoso cuando va a denunciar una violación. Testimonios y declaraciones de cargos públicos demuestran que sucede lo contrario.

La Ley 348 indica que una mujer puede denunciar ser víctima de violencia sexual ante la Policía o el Ministerio Público. Sin embargo, no todos los módulos policiales atienden estos casos. En la práctica, son los funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) y las Fiscalías Especializadas para Víctimas de Atención Prioritaria (FEVAP) los que hacen el trámite. Poner una denuncia es el primer paso de una empinada caminata que las mujeres recorren, durante años, para alcanzar justicia. Ni siquiera dar este primer paso es fácil.

Apenas se abre la puerta de metal de la morgue que, pese a reiterados anuncios de traslado sigue en predios del Hospital de Clinicas de La Paz, y el olor que sale golpea como no es posible describir con palabras. La gente que está afuera se aleja cuanto puede. De la oscuridad del lugar donde se hacinan los cuerpos salen hombres que, de no ser por la tragedia que allí literalmente se respira, moverían a risa: gorro de ducha, ponchillo de nylon que se vende en las calles en días de lluvia, guantes transparentes, barbijo y bolsas negras de nylon atadas a los pies. Así trabajan los policías del Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial (IITCUP). Alguno de ellos responde a la mirada de sorpresa: "nosotros compramos todo esto, nadie nos provee de material". Todos se despojan de las bolsas-bota y las depositan en un cubo de basura, al descuido, de manera que pronto el viento se las lleva por ese lugar de tierra que colinda con una cancha.

Uno de los operadores de la Dirección Municipal de Tráfico y Transporte (chaleco amarillo) usa su celular mientras dos vagonetas están parqueadas en los carriles de velocidad. Esto ocurrió la tarde del martes 4 de agosto en la avenida Tercer Anillo Interno a la altura del mercado Abasto. Los conductores habían aparcado los autos, bajaron de los vehículos para ayudar a sus clientes a subir las compras y, finalmente, regresaron a sus respectivos volantes. Todo esto mientras el operario municipal estaba "ocupado".

Desde la Oficina Jurídica de la Mujer en Cochabamba se lamenta el fallo del Tribunal Disciplinario de la Policía, pues se estaría encubriendo a uno de los uniformados. El proceso está en manos de la justicia ordinaria, pero hasta la fecha no ha convocado a audiencia para revisar las medidas sustitutivas de los ahora expolicías.

Violaciones sexuales, agresiones, amenazas de muerte, negligencia y abuso de autoridad, entre otros, son los delitos cometidos por miembros de la Policía Boliviana contra el ciudadano. Entre 2014 y lo que va de 2015, más de un millar de personas han denunciado a los uniformados por la vulneración de derechos; la falta de seguimiento de tales denuncias hace difícil saber en qué concluyen los casos.