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La Cumbre de los Pueblos, realizada de forma paralela a la cumbre global del clima de la ONU en Brasil, emitió una Declaración con 15 puntos en los que exige mantener el petróleo bajo tierra, promover financiamiento climático público, impulsar la agroecología y rechazar las falsas soluciones, como el mercado de carbono. El documento fue entregado a André Correa do Lago, presidente de la COP 30, durante la clausura del evento, con el objetivo de que estas demandas lleguen directamente a los negociadores.

La Cumbre de los Pueblos, un evento paralelo a la COP 30, comenzó este 12 de noviembre, en la ciudad brasileña Belém do Pará con el objetivo de garantizar que las voces de los pueblos de la Amazonía y de otros territorios estén en el centro del debate climático global.

Se espera que la Cumbre de los Pueblos sea un hito de movilización y participación popular en la COP30, ampliando el alcance del debate climático más allá de las negociaciones diplomáticas.

La primera actividad de esta Cumbre fue una “barqueata” en la Bahía de Guajará, que congregó a más 200 embarcaciones con unas 5.000 personas, procedentes de otros municipios, estados y países, para anunciar que los pueblos de las aguas, los bosques y las periferias también forman parte de la respuesta hacia un mundo más sostenible

La Cumbre se realizará del 12 al 16 de noviembre con la participación de al menos 400 organizaciones y unos 15.000 participantes, incluyendo representantes indígenas, quilombolas, ribereños, juventudes, mujeres y colectivos urbanos.

En la agenda figuran talleres, manifestaciones culturales y debates públicos sobre justicia climática, soberanía alimentaria, transición energética, enfrentamiento al extractivismo fósil, gobernanza participativa, racismo ambiental, derecho a la ciudad y mitigación y adaptación de las ciudades con interseccionalidad de género, raza, clase y territorio.

Representantes de varias organización indígenas, de jovénes y de la sociedad civil de Bolivia participan en la Cumbre de los Pueblos, como Tania Ricaldi, del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (GTCCJ ) y Carola Mejía, especialista de Latindadd.

Organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe reunidas en Belém do Pará, Brasil, demandan que la región avance hacia una justicia climática, priorizando el financiamiento público para la adaptación, la participación comunitaria y la acción efectiva frente a la crisis climática.

El tema prioritario para las organizaciones latinoamericanas es el financiamiento para la adaptación. “Hoy más que nunca tenemos no solo que duplicar, sino triplicar el financiamiento, e incluso multiplicarlo por diez si queremos ser justos. Esta COP debe salir con un paquete de financiamiento accesible, predecible y equitativo, demandó Sandra Guzmán, directora del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC).

En la misma línea, Alejandro Alemán, coordinador general de CANLA enfatizó: “No es posible hablar de ambición climática sin financiamiento hacia los países en desarrollo. El artículo 9.1 (del Acuerdo de París) es clave para cumplir los compromisos de apoyo financiero”.

El planeta atraviesa un alarmante deterioro climático. Según la OMS, el año pasado fue el más caluroso jamás registrado, y sus efectos ya se hacen sentir con fuerza: el deshielo se acelera, los fenómenos meteorológicos extremos se multiplican y el mundo enfrenta huracanes, inundaciones, incendios y olas de calor cada vez más intensas.

En ese contexto se llega a la cumbre global del clima, la COP30, que durante dos semanas se desarrolla en la ciudad brasileña Belém do Pará. Es la primera cumbre climática en la Amazonía, una región clave para el equilibrio del planeta. El encuentro marca un hito simbólico: tres décadas después de la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), la conferencia regresa a Brasil, país donde nacieron los tres acuerdos de Río —biodiversidad, desertificación y cambio climático— y se cumplen diez años del Acuerdo de París.

La sociedad civil agrupada en la Climate Action Network Latinoamérica (CANLA) subraya la urgencia de pasar de las promesas a la implementación efectiva de las políticas climáticas, garantizando respuestas justas para las comunidades más afectadas. En conferencia de prensa, realizada el 11 de noviembre, advirtieron sobre el rezago en la presentación e implementación de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC), y el desafío que implica ponerlas en marcha.

En diferentes eventos realizados este martes en Belém, la sociedad civil latinoamericana mandó un mensaje claro: sin financiamiento, participación ni justicia climática, no habrá transición justa ni futuro sostenible para la región.

De los compromisos a la acción

En el marco de la Convención de Cambio Climático de la ONU existen avances institucionales como las actualizaciones de las Contribuciones NDC, los Informes Bienales de Transparencia (BTR) y los reportes de adaptación.
Alejandro Alemán advierte que “hoy las emisiones de gases de efecto invernadero están en niveles nunca antes vistos, la quema de combustibles fósiles, particularmente de petróleo, está en niveles récord a nivel global, lo cual pone en cuestión la efectividad de este proceso, y esta COP tiene la oportunidad de cambiar esa dirección”.

Esta edición coincide además con las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reafirman que la acción climática “no es voluntaria, sino una obligación de los Estados para proteger, particularmente, a las poblaciones altamente vulnerables”.

Según el informe de síntesis de las NDC, 112 países actualizaron sus compromisos. No obstante, para Verónica Mendoza, de AIDA, “este aumento no es suficiente. Necesitamos NDC más ambiciosas”. Agrega que estas deben alinearse con la meta de 1.5 °C, incluir medidas efectivas de reducción de emisiones y centrarse en la justicia climática: “Las NDC deben poner a las personas y al medio ambiente en el centro”.

Un mecanismo para la implementación

Las ONG latinoamericanas impulsan la creación de una nueva herramienta dentro del Acuerdo de París: el Mecanismo de Acción de Belém (BAM, por sus siglas en inglés), para garantizar una transición justa a nivel global.

Según Javier Dávalos, de CANLA, la región necesita un mecanismo específico para implementar las NDC, ya que “la transición justa tiene diferencias entre el norte y el sur. Tenemos la obligación de cumplir lo que estableció el balance global en la COP28: una salida ordenada, justa y equitativa de los combustibles fósiles, y la entrada en sistemas de energía limpia y eficiente”.

Dávalos también alertó sobre los riesgos que la transición energética puede generar en América Latina si no se coordina a nivel global. “La enorme demanda de minerales críticos como cobalto, litio y oro en países como Ecuador, Chile, Perú, México y Bolivia está produciendo nuevos impactos en los ecosistemas y en las comunidades, tal como sucedió antes con el petróleo”, advirtió.

Adaptación y financiamiento: la deuda pendiente

Para Daniel Porcel, del Instituto Talanoa, más allá de las cifras de los costos de los eventos extremos, es fundamental recordar que se trata de “vidas, familias, comunidades enteras, pueblos indígenas, afrodescendientes, niños, abuelos y ecosistemas completos”.
“Salir de esta COP sin aprobar la lista de indicadores con medios de implementación de calidad sería un fracaso colectivo. Es hora de implementar la adaptación”, subrayó.

Han pasado diez años desde el Acuerdo de París y aún no existe un objetivo global de adaptación. Según el PNUMA, la brecha de financiamiento supera los 300.000 millones de dólares anuales. Aunque los países en desarrollo ya cuentan con planes nacionales, carecen de los recursos para implementarlos.

Porcel añadió que “desde nuestra región vemos un creciente apoyo al llamado para triplicar el financiamiento para adaptación hasta 2030. Eso no cerraría la brecha, pero daría señales claras de que el financiamiento seguirá creciendo y no disminuyendo”.

Las organizaciones insisten en que el debate sobre financiamiento climático debe centrarse en el Artículo 9.1 del Acuerdo de París, que establece la obligación de los países desarrollados de aportar recursos públicos para que los países en desarrollo se adapten al cambio climático.

Nicole Makowski, de GFLAC, recordó que las controversias sobre este artículo se relacionan con la falta de un objetivo de financiamiento acordado en la COP29 en Azerbaiyán y con la ausencia de la hoja de ruta “de Bakú a Belém” hacia los 1,3 billones de dólares: “Si no tenemos una definición clara sobre la provisión, todo el trabajo realizado será una pérdida de tiempo”.

Participación y justicia climática

La sociedad civil también cuestiona la falta de transparencia y participación en las negociaciones. Carola Mejía, de Latindadd, lamentó que tras 30 años de negociaciones, las decisiones se sigan tomando a puerta cerrada por los gobiernos, con amplia presencia de la industria de combustibles fósiles y corporaciones que mueven las cosas a su favor.

Critican que pocas voces representen a quienes están en la primera línea de la emergencia climática: pueblos indígenas, mujeres, jóvenes y comunidades vulnerables. “Si esta COP no garantiza la participación de comunidades, mujeres y otros grupos vulnerables, volverá a ser una cumbre más que decide por ellos sin ellos. Los pueblos amazónicos no son invitados, son protagonistas de la solución”, enfatizó Mejía.

El martes, un grupo de indígenas logró ingresar a la sede de la cumbre en Belém, pero fue repelido por la seguridad del evento, lo que provocó indignación entre observadores de ONG. Estos insistieron en que los pueblos originarios deben participar en las mesas de negociación, ya que “son quienes resisten la crisis climática en sus territorios y poseen las soluciones en sus manos”.

Indígenas y activistas llegaron hasta la sede de la COP30 en Belém para exigir una mayor participación en las negociaciones climáticas y protestar contra proyectos de minería y petroleros en la Amazonía. Foto: Alberto Ñiquen.

Millones de hectáreas de bosques fueron arrasadas por los incendios y la deforestación, los ríos sufrieron contaminación por mercurio debido a la minería ilegal, miles de familias enfrentaron los impactos del clima extremo y más de mil defensores ambientales vieron vulnerados sus derechos. Estos fueron los principales problemas ambientales que afectaron a Bolivia en 2024 y también son los retos que tiene el país para 2025, un año en el que la atención está enfocada en la crisis económica y las elecciones generales.

De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, los incendios fueron la mayor preocupación ambiental del año pasado, con más de 12 millones de hectáreas quemadas, cerca del 60% correspondían a bosques. La minería ilegal del oro se ubicó como el segundo problema.

Para evitar que esta “catástrofe” se repita, señalan que es fundamental abordar el problema de manera integral. Los incendios están estrechamente ligados a los desmontes ilegales que expanden la frontera agropecuaria, mientras que la deforestación agrava los fenómenos climáticos como la sequía, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y la provisión de agua.

Esta cadena de problemas ha impactado a los indígenas de tierras bajas. “En todos los territorios nos afecta la deforestación a gran escala de las comunidades interculturales y la agropecuaria, el extractivismo tanto en la Amazonía como en el Chaco y el Oriente (…). Por ejemplo, hay hermanas que tenían emprendimientos en Monte Verde y en la Amazonía, en Riberalta, que se han quemado. En la Chiquitanía no hemos tenido una buena producción por la sequía”, lamenta Ailín Vaca Diez, lideresa indígena chiquitana.

Hay coincidencia en que las autoridades competentes tienen poca capacidad para efectuar su trabajo y hacer cumplir las normas ambientales que rigen en el país para los diferentes sectores que provocaron daños ambientales en 2024.

La sociedad civil identifica al menos seis acciones para la agenda ambiental de 2025 en la que debe trabajar el Gobierno y la Asamblea Legislativa.

Desastre nacional por los incendios

Incendio en una de las comunidades de San Ignacio de Velasco, en septiembre de 2024. Foto: GADSC

Los incendios duraron alrededor de cuatro meses, en la Chiquitanía cubrieron el cielo de humo y afectando la visibilidad y la salud de las personas. Según la Fundación Tierra, hasta septiembre de 2024 se quemaron más de 10 millones de hectáreas, el 59% eran zonas boscosas.

El 2024 marcó un récord histórico en la magnitud de los incendios, con más de 7 millones de hectáreas quemadas solo en el departamento de Santa Cruz. “Es algo que no tiene antecedentes ni equivalencia a nivel internacional”, remarca Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra.

La magnitud del problema llevó al Gobierno a declarar emergencia nacional el 7 de septiembre y desastre ambiental el 30 del mismo mes. Incluso decretó una pausa ambiental ecológica (Decreto Supremo N° 5225). Ninguna de estas medidas logró frenar los incendios.

La senadora Cecilia Requena, presidenta de la Comisión de Tierra y Territorio, califica de “brutal” la quema de los bosques. “Es otro hito histórico nefasto y ecocida en nuestro país, (…) que destruye ecosistemas llenos de biodiversidad que son parte importante del ciclo de agua y de otros equilibrios ecológicos indispensables para la economía”, explica.

Los incendios también vulneraron los derechos humanos, agrega Oscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib). La pérdida de cultivos afectó la alimentación de los comunidades indígenas y locales, mientras que el humo deterioró la calidad del aire llegando incluso a ciudades alejadas de las zonas donde se situó el fuego.

“La causa principal de los incendios es el avance de la frontera agropecuaria. (…) Por la crisis, el Gobierno no ha controlado y, al contrario, ha buscado acuerdos con el sector agroindustrial para aligerar la crisis económica”, argumenta Campanini.

Las comunidades indígenas de la Chiquitanía fueron las más afectadas. En Monte Verde, municipio de Concepción, muchas familias perdieron sus chacos y viviendas, e incluso algunas tuvieron que ser evacuadas.

Vaca Diez lamenta que, mientras los pueblos indígenas luchan por sobrevivir en la pobreza, los grandes empresarios sigan con sus actividades extractivas sin enfrentar sanciones severas. “Las multas son insuficientes para los grandes empresarios, por eso siguen desmontando y quemando”, reclama.

Según la lideresa, las políticas gubernamentales benefician a los grandes empresarios, mientras que la mayoría de las comunidades indígenas enfrentan dificultades como la falta de ingresos económicos, de agua potable, electricidad, transporte y servicios de salud. “Nosotros cuidamos el oxígeno, la vida, pero no se nos valora”, dice.

En la TCO Lomerío, ubicado en Santa Cruz, las acciones de prevención del fuego fueron efectivas debido al trabajo comunitario que realizaron el pasado año, dice la lideresa, pero pese a sus esfuerzos, los incendios provocados por las comunidades interculturales, las colonias menonitas y los grandes empresarios afectaron su territorio.

Minería ilegal del oro, un problema creciente

Se consolidó como el segundo problema ambiental de 2024 debido a su impacto en la cuenca amazónica de Bolivia, especialmente en “áreas prioritarias para la conservación”, destaca Juan Orgaz, coordinador de Incidencia del Movimiento Pro Pacha.

La senadora Requena advierte que la minería ilegal, mal llamada “cooperativista”, ha causado daños irreparables al alterar los ecosistemas y la calidad del agua. Esta actividad contamina los ríos con mercurio, afectando a comunidades indígenas cuya base alimentaria son los peces.

Estudios privados realizados en el último quinquenio revelan que los indígenas de seis naciones de La Paz y Beni presentan concentraciones de mercurio dañinas para su salud.

En 2024, la ilegalidad de la minería se profundizó, agudizando la vulneración a los derechos humanos. “La minería del oro (ejerce) presión sobre las comunidades (…) y está asociado a la trata y tráfico, la violencia y, muy probablemente, con el narcotráfico”, puntualiza el Director del Cedib.

Eventos climáticos extremos

Cultivos de cebada afectados por la sequía en el altiplano. Foto: CIPCA

Sequía. Las sequías e inundaciones golpearon varias regiones del país en 2024, con especial intensidad en la Amazonía. También se registraron eventos climáticos extremos, como granizadas en el sur del país, señala el coordinador de Pro Pacha.

Según el Viceministerio de Defensa Civil, la sequía afectó a más de 490 mil familias. Beni, Pando y Santa Cruz declararon desastre departamental, al igual que 155 municipios.

El estiaje impactó incluso en zonas tradicionalmente húmedas, como Santa Cruz. “La falta de agua ha afectado a los bosques amazónicos, conocidos por su característico ciclo de lluvias, y ha generado la pérdida de lagos importantes como el Poopó y la laguna Cáceres”, explica Requena.

El déficit hídrico preocupa a Cristian Flores, técnico de Incidencia Política de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), por su impacto en la producción de alimentos.

Varias comunidades indígenas y campesinas perdieron sus cultivos por las sequías. “La sequía nos ha pegado bien duro”, afirma Vaca Diez.

Recuerda que, hasta hace una década, entre diciembre y enero, el agua “ya corría” por las quebradas de su territorio. Ahora enfrentan una escasez aguda. Su TCO busca alternativas como la cosecha de agua para garantizar el consumo y la producción agrícola y ganadera, pero requieren apoyo del Gobierno.

Lluvias. También provocaron la pérdida de cultivos debido a las inundaciones. La temporada de lluvias, iniciada en diciembre de 2024, dejó hasta enero 76.200 familias afectadas o damnificadas en ocho departamentos y provocó la muerte de 19 personas, según el Viceministro de Defensa Civil. Hasta ese momento, 14 municipios habían declarado desastre debido a riadas e inundaciones.

Pérdida de glaciares. Los glaciares tropicales y subtropicales están disminuyendo debido al aumento de la temperatura global y la contaminación local provocada por la ceniza de los incendios y el carbono negro de los vehículos. Esto afecta los nevados como el Huayna Potosí y el Illimani, entre otros de la región, reduciendo la disponibilidad de agua dulce en la temporada seca y poniendo en riesgo el abastecimiento, advierte Requena.

En los últimos 20 años, los glaciares han perdido cerca del 50% de su superficie. Un estudio de 2023, realizado por el glaciólogo Edson Ramírez, investigador de la UMSA, determinó que en los nevados de la Cordillera Real “por mes se está perdiendo algo más de un metro de espesor de hielo”. En los últimos 20 años los glaciares han perdido cerca del 50% de su superficie.

El glaciar Illimani ha perdido cerca del 50% de su superficie. Los habitantes de Palca dicen que su manto blanco llegaba hasta el pie del nevado. Foto: Miriam Jemio

Poca acción frente a la crisis climática

El avance en políticas climáticas ha sido escaso. La actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) no ha tenido progresos significativos y así los reconoce la propia APMT, según Flores.

Las NDC establecen los compromisos de cada país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el marco del Acuerdo de París y Bolivia tenía hasta el 10 de febrero para presentar su segunda actualización. La primera actualización fue en 2022.

El técnico de la PBFCC observa “poco avance” en el Ejecutivo sobre el tema de cambio climático y señala que en el Legislativo tampoco hubo avances, pese a las “buenas intenciones” de algunos asambleístas de aprobar una ley de emergencia climática impulsada por la sociedad civil.

“La normativa propuesta (al Legislativo) no se ha podido aprobar desde el año pasado (2023) y otras ni siquiera han sido tratadas en 2024”, lamenta.

En criterio de Flores, el 2024 fue desfavorable para la acción climática debido a la Sentencia Constitucional 040 y el Decreto Supremo 5264, que facilitaron la apertura del mercado de carbono en el país.

“(2024) ha sido muy complejo para el tema de cambio climático, porque al final toda la normativa ha sido más a favor de los mercados de carbono, en vez de la prevención, la adaptación, mitigación o cualquier otro tipo de acción que haga frente a la crisis climática”, concluye el técnico de la PBFCC.

Los desmontes

Deforestación en el norte integrado en Santa Cruz. Foto: Saúl Cuellar/FAN

Para el investigador Gonzalo Colque, uno de los principales problemas ambientales de 2024 es la expansión de desmontes en áreas protegidas. “Eso ha crecido demasiado en los últimos años y está detrás de lo sucedido con los incendios forestales de 2024 (…) El desmonte a gran escala con maquinaria está destruyendo miles y miles de hectáreas de bosques”, advierte.

Según Global Forest Watch, Bolivia fue el tercer país del mundo con mayor pérdida de bosques primarios tropicales en 2023, solo detrás de Brasil y el Congo.

En total, se perdieron 696 mil hectáreas, de las cuales 490 mil eran bosques primarios. Una cifra mayor en comparación con 2022.

Colque señala que otro problema ambiental es el aumento de las autorizaciones de desmonte otorgadas por la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), e incluso conceden permisos a personas sin derecho propietario sobre la tierra.

Agresión a defensores ambientales

La vulneración de los derechos de los defensores ambientales se elevó. El Observatorio del Acuerdo de Escazú Bolivia, liderado por Lidema, registró 1.103 transgresiones a sus derechos en 2024.

Campanini y Orgaz coinciden en que el caso del área protegida Tariquía es emblemático. En octubre pasado, la estatal YPFB demandó penalmente a 29 comunarios porque impidieron el ingreso a los trabajadores de YPFB y Petrobras a la zona donde se realizará la exploración en el pozo Oso Domo X3.

“Se ha dado un paso muy preocupante, en términos de derechos humanos y de defensores ambientales, al judicializar casi a 30 defensores por oponerse (…) a la extracción de hidrocarburos en defensa de su territorio y el agua que es fundamental para Tariquía, una reserva de nacional de fauna y flora”, explica Campanini.

Uno de los casos más conocidos es el del guardaparque Marco Uzquiano. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) no le renovó el contrato para esta gestión y le inició un proceso administrativo por denunciar la actividad minera ilegal en áreas protegidas.

En 2023, un minero incluso lo demandó a él y a su colega Raúl Santa Cruz. Ambos tuvieron que defenderse sin apoyo institucional, a pesar de que actuaban en el ejercicio de sus funciones. El juicio no prosperó, ambos fueron sobreseídos.

Uzquiano logró recuperar su trabajo luego de que la justicia ordenara su restitución, tras un Amparo Constitucional presentado por él y el Defensor del Pueblo. Sin embargo, otros guardaparques han denunciado despidos por razones similares.

“Es fundamental considerar esta problemática, ya que el ataque a los defensores también es un ataque a la causa ambiental y, sobre todo, a los ecosistemas que ellos custodian”, subraya Juan Orgaz.

El Acuerdo de Escazú establece que los Estados deben garantizar la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
Esto incluye reconocer su labor, proteger sus derechos, y crear entornos seguros para que puedan actuar sin amenazas.
Bolivia ratificó el Acuerdo con la Ley N° 1182, en 2019.

Marco Uzquiano durante una jornada laboral junto a sus colegas guardaparques de la Reserva de la Bioesfera y Estación Biológica del Beni. Foto: M. Uzquiano

Litio y la flexibilización de la normativa ambiental

Un problema transversal y cada vez más intenso es la flexibilización de la normativa ambiental. Se aplica en el sector de hidrocarburos, la agroindustria, el minero y ahora en el tema del litio, alerta Campanini.

Cualquier actividad y/o proyectos necesita una licencia ambiental contemplada en la Ley 1333, pero los decretos supremos 3549 (2018) y 3856 (2019) minimizaron los requisitos de categorización para obtenerla. La categoría 1 exige una evaluación de impactos ambientales por ser la de mayor impacto y la categoría 4, la de menor impacto, requiere solo una declaración jurada.

El Cedib ha denunciado que con una declaración jurada “se puede obtener la licencia ambiental en todas las actividades y sectores, incluidos el hidrocarburífero y el minero que implican un alto impacto ambiental para la zona en la operan”, sobre todo cuando se trata de áreas protegidas o territorios indígenas.

Respecto al litio, Campanini está preocupado porque hay perforaciones de pozos para salmuera, vinculadas a la construcción de las plantas de carbonato de litio, con categoría 2 e incluso algunas con categoría 3, cuando pueden tener un impacto mucho mayor en términos ambientales.

El debate sobre la extracción y explotación del litio ha vuelo a estar en auge, principalmente porque no se ha realizado la consulta previa e informada a las comunidades indígenas y por el estrés hídrico que generará en el tiempo esa actividad por el alto consumo de agua que requiere.

Instalacaciones de YLB en Uyuni. Foto: YLB

Retos ambientales en un año electoral

El 17 de agosto se realizarán las elecciones generales en el país. En marzo, se conocerán a los candidatos presidenciales y la sociedad civil busca incidir en el debate y conocer sus propuestas ambientales. Hasta ahora solo mostraron planteamientos económicos.

“No perdamos la memoria. En 2019 fue el gran incendio en la Chiquitanía y vinieron las campañas políticas. Es mucha coincidencia. En 2024, (…) se nos ha quemado el 60% de Monte Verde, el Parque Noel Kempff Mercado, el Valle de Tucabaca, el ANMI San Matías, justamente las reservas y eso apunta a nuevos asentamientos. (…) El Gobierno va decir allá tenemos tierra, no están ocupando los indígenas”, señala Vaca Diez.

Justamente, el principal desafío es prevenir los incendios que empiezan hacia mediados de junio. “Tenemos muy poco tiempo. Necesitamos desde una nueva ley de lucha contra el fuego hasta una mayor fiscalización de las labores preventivas y de autorizaciones de desmontes para que no se repita el desastre del año pasado”, dice Colque.

Sobre el tema, la senadora Requena enfatiza en la importancia el encarar el post incendio: restaurar el ecosistema y garantizar la restitución de los indígenas a sus territorios.

                                            En la comunidad Nueva Generación, en Riberalta, el fuego arrasó con las viviendas de los indígenas. Foto: Remy Gómez/RRSS

En la Asamblea Legislativa sigue pendiente la abrogación de las “leyes incendiarias”. En septiembre pasado, el Senado aprobó la abrogación de las leyes 1171 (uso y manejo racional de quemas) y 373 (apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques), pero la medida se estancó en Diputados.

Juan Orgaz espera que este año se abroguen esas leyes y se apruebe normativa para sancionar las quemas descontroladas y enfrentar la crisis climática.

La sociedad civil coincide en que la situación de los bosques está estrechamente ligado al agua y a la producción agrícola, por eso es clave que el Gobierno encare el problema de manera integral. Las sequías e inundaciones están relacionadas con la deforestación y el uso de los recursos hídricos.

El impacto ambiental no solo proviene de incendios y desmontes, sino también de la minería y los hidrocarburos. Es necesario una nueva política económica sostenible basada en el aprovechamiento responsable del bosque, señala el coordinador de Pro Pacha.

En tanto, Cristian Flores considera que el cambio climático debe abordarse con un enfoque integral, priorizando el resguardo de los territorios indígenas y las áreas protegidas.

“Debemos conservar las zonas que regulan el agua y la temperatura”, afirma. En ese contexto y ante la cumbre global del clima (COP30) que se realizará en noviembre, es clave que el Gobierno actualice los NDC y aborde la adaptación y el financiamiento.

Además de la contienda electoral, la crisis económica podría marginar más la agenda ambiental. “A nombre de resolver las dificultades económicas, el Gobierno va postergando o incluso desechando los cuidados ambientales (…). La propia población, por mejorar su situación económica, pondrá menos atención a la problemática ambiental”, advierte Campanini.

La agenda de la sociedad civil

Desde los incendios de 2019, las organizaciones sociedad civil y la población han asumido un rol clave en temas ambientales, combinando incidencia, presión social e investigación. Para 2025, su agenda incluye eventos para conocer las propuestas de los candidatos presidenciales.

La Fundación Tierra elaborará un informe sobre tierras ilegalmente desmontadas, incluyendo la Reserva Forestal El Chore, afectada por un decreto de 2024 que habilitó más de 200.000 hectáreas para distribuirlas.

“Hay muchos de estos casos que implican a muchas autoridades que autorizan desmontes infringiendo decretos, leyes y la Constitución Política del Estado”, explica Colque.

Por su parte, el Cedib seguirá investigando actividades extractivas y su impacto en los derechos humanos, especialmente en la Amazonía, además de fortalecer a los defensores ambientales.

“El caso del litio también será uno de los temas centrales en términos de investigación, análisis y difusión”, adelanta Campanini.

Los jóvenes del Movimiento Pro Pacha priorizarán la formación de emprendedores sostenibles y negociadores climáticos, sin dejar de lado la formación de nuevo líderes, la educación ambiental y la alfabetización climática.

“Está en proyecto una escuela de negociadores jóvenes para que accedan a espacios de decisión a nivel nacional e internacional, promoviendo un cambio generacional de representantes en las COP. El que la COP30 sea en Brasil (…) es un momento crucial para la región y la juventud boliviana”, explica Orgaz.

También en la agenda internacional de la PBFCC está el promover una mayor participación e incidencia de sociedad civil en los espacios de toma de decisión de la COP30.

A nivel nacional, proseguirán con la elaboración de propuestas de normas desde los territorios para generar alternativas como la agroecología y el agroturismo. “Necesitamos un enfoque integral de la preservación de los territorios para no depender solo de las grandes industrias y los bonos de carbono, muy latente desde el año pasado”, dice el técnico de Incidencia Política de la PBFCC.

Van a impulsar y apoyar cuatro propuestas de ley: de emergencia climática, del agua, contra incendios y la Amazonía. La primera tiene más avance con apoyo del Senado.

Las lideresas indígenas participan en la elaboración de la propuesta de ley del agua que impulsa la PBFCC. Foto: Miriam Jemio 

En la Asamblea Plurinacional, la senadora Requena priorizará la aprobación del Proyecto de Ley 240 “Por los Bosques y otros sistemas de vida”, frenada en octubre por intereses sectoriales.

El objetivo de la PL 240 es “establecer medidas para prevenir, controlar y reducir, hasta eliminar, los desmontes ilegales, quemas ilegales e incendios de forma progresiva, con la finalidad de detener la deforestación…”, además de establecer incentivos y políticas para una economía sostenible, explica la legisladora.

Desde la presidencia de la Comisión de Tierra y Territorio se impulsarán leyes sobre bioinsumos, bolsas plásticas y el cumplimiento del Convenio de Minamata para minimizar el mal uso del mercurio en la minería. Requena promoverá también la electromovilidad para reducir la dependencia de los hidrocarburos y la deforestación provocada por biocombustibles.

En la Tierra Comunitaria de Origen de Lomerío se fomentará la capacitación en liderazgo y derechos humanos para que más mujeres indígenas ocupen cargos de liderazgo en espacios de toma de decisiones, así como en la formación de monitoras socioambientales.

Vaca Diez subraya la importancia de conocer las leyes para ejercer sus derechos y no estar en desventaja frente a las amenazas externas como la actividad minera.

Por otra parte, para evitar migración y deforestación, las comunidades indígenas impulsan proyectos sostenibles con recursos no maderables y buscan desarrollar el turismo comunitario, esperan que este año el Gobierno apruebe sus proyectos productivos y que adopte como políticas públicas las iniciativas indígenas.

El Gobierno implementa planes y proyectos que atender algunos de los problemas ambientales que se enfrenta en el país, aunque centrado en la atención a los daños y no así en la prevención. Un ejemplo de esto es que invirtió 70 millones de bolivianos para combatir los incendios hasta octubre de 2024.

También está el Plan Plurinacional de Respuesta a la Sequía destinado a la provisión de agua para consumo humano y animal, y riego. El Seguro Agrario, va en la misma línea, otorga una indemnización a las familias que pierden sus cultivos por sequías, heladas, granizadas e inundaciones.

Solo el programa MI Riego invierte en la tecnificación del riego con el objetivo de aumentar la producción y la productividad agrícola.

El Presupuesto General del Estado de Bolivia para el 2025 prevé destinar el 0,04% de la inversión pública a la conservación ambiental, un monto ínfimo en comparación a los 20% asignado para el sector de los hidrocarburos, minería y agropecuaria.

A lo largo de este año se sabrá si será posible superar los retos ambientales de 2025 con ese presupuesto y los proyectos gubernamentales en curso, sobre todo porque es un año electoral y el país atraviesa por una crisis económica.

Con una ceremonia aymara, el Gobierno dio inicio a los actos de celebración por los 16 años del Estado Plurinacional de Bolivia. Al finalizar el evento, el presidente Luis Arce pronunció un discurso en el que reiteró su propuesta de un “pacto social" de cinco puntos para este 2025, que incluye acciones frente a la crisis climática, aunque sin especificar las medidas que implementará el Gobierno.

El presidente Arce destacó que este 2025 será “desafiante en todo orden” debido a que es un año electoral. Alertó que están en peligro tanto el Estado Plurinacional como el "Proceso de cambio” y subrayó que es necesario “enfrentar los problemas” que se avecinan. En este contexto, afirmó que el “acuerdo social” debe abordar temas clave como la justicia, la economía, la política, la defensa de la democracia y el medio ambiente.

“No quiero ahondar en la delicada situación mundial, regional y nacional en la materia, por todos conocida. Solo basta con constatar que año a año padecemos desastres naturales, como incendios, inundaciones, sequías y otros, producto de la crisis climática. Este año debemos estar preparados todos para enfrentar los desastres naturales en mejores condiciones y con mejores resultados”, puntualizó respecto al quinto punto de su propuesta.

En 2024, los incendios devastaron más 10.000 hectáreas en el país, principalmente en la Chiquitanía, mientras la sequía y las inundaciones han provocado la pérdida de cultivos y cientos de familias resultaron afectadas.

En relación a los posibles conflictos que podrían surgir durante este clima electoralizado, Arce señaló que, para evitar que se ponga en riesgo la democracia, la economía y la tranquilidad de los bolivianos, se debe contar con un pacto social, su propuesta tiene cinco líneas generales:

1. Justicia: “Necesitamos, en los próximos meses, acordar la ruta para completar la elección de magistrados de los cinco departamentos pendientes, avanzar en las mejoras requeridas en el sistema judicial y cumplir con lo que manda la Constitución, tarea que está a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Tribunal Supremo Electoral”.
2. Económica: “Debemos avanzar, acelerar y consolidar la industrialización con sustitución de importaciones, especialmente de nuestros recursos naturales. Un gobierno pasa, pero quedará el beneficio para nuestro país y la población. Específicamente sobre el litio, necesitamos actuar responsablemente y aprobar los dos contratos que están en la Asamblea Legislativa Plurinacional, evitando bloqueos y sabotajes”.

“El gobierno no tiene nada que ocultar; los dos contratos están en la Asamblea Legislativa Plurinacional y está en sus manos bloquear el desarrollo de Bolivia o viabilizar la generación de ingresos para el beneficio del pueblo boliviano. No podemos retrasar más la oportunidad histórica de insertarnos en el mercado mundial con este recurso, en sus distintas etapas de explotación hasta la industrialización”.

“En cuanto al incremento de precios de algunos productos de consumo masivo, es importante puntualizar que la presión inflacionaria se concentra en los precios de productos importados y algunos de producción nacional, donde se ha evidenciado agio, ocultamiento y especulación que dañan la economía popular”. (…) “…ha elaborado normas legales que no buscan castigar al buen empresario ni a los hermanos gremiales, sino, por el contrario, utilizar esta norma contra aquellos que cometan el delito de agio y especulación…”.

3. Política: “Este año será particularmente complejo, ya que, junto con el festejo del Bicentenario, podrá profundizarse la polarización debido a la agenda política electoral. Por ello, necesitamos pensar responsablemente en nuestro país, resguardar las condiciones materiales y el ambiente político, para que el próximo gobierno que asuma lo haga en las mejores condiciones posibles. Las que nos tocó enfrentar a finales de 2020, cuando la gestión tuvo que lidiar con un bloqueo económico por parte de la Asamblea Legislativa, que paralizó más de 1600 millones de dólares de financiamiento externo, saboteando no solo al gobierno, sino también a la economía de las familias bolivianas” (…). “Si queremos políticas de Estado y planes de largo aliento, deben estar más allá de los intereses circunstanciales o transitorios de un dirigente, partido o movimiento”.
4. Resguardo de la democracia: “Nosotros hemos asumido el poder por el voto popular y, por lo mismo, no nos hemos separado ni un milímetro de la Constitución Política del Estado. Por eso, uno de los aspectos clave del pacto social es el compromiso de todos los actores de velar por unas elecciones generales limpias y transparentes, y mantener el sistema democrático a toda costa”.
5. Medio ambiente: “Otro tema extremadamente sensible que debemos atender como país, y que no debe convertirse en un campo de debate político partidario de mala fe, es el medio ambiente. No quiero ahondar en la delicada situación mundial, regional y nacional en la materia, por todos conocida. Solo basta con constatar que año tras año padecemos desastres naturales, como incendios, inundaciones, sequías y otros, producto de la crisis climática. Este año debemos estar preparados todos para enfrentar estos desastres naturales en mejores condiciones y con mejores resultados”.

“Se equivoca quien cree que puede ganar algo con un desastre, con la tragedia humana y ambiental. Si calcula que las consecuencias de dicho desastre tienen un costo para el gobierno, todos sufrimos esos daños, que en algunos casos son irreversibles. Es por las hijas e hijos, las nietas y nietos de todos nosotros, que debemos legar una Bolivia cuidada y en verdadera armonía con la Madre Tierra”.

Los líderes mundiales adoptaron este lunes 18 de septiembre una declaración política en la que reconocen que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no se alcanzarán sin un impulso masivo a la inversión necesaria para lograr transiciones energéticas, alimentarias y digitales justas y equitativas, y para transformar la educación y la protección social en los países en desarrollo.
El documento se selló durante la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tiene lugar hoy y mañana en la sede de la ONU en Nueva York en el marco del Segmento de Alto Nivel del Debate de la Asamblea General.
La declaración renueva el compromiso con la acción inmediata y colectiva para construir un mundo sostenible, inclusivo, próspero y resiliente en el que nadie quede atrás para 2030.
El foco del documento es la implementación y, sobre todo, el financiamiento al desarrollo, para el que urge a asignar 500.000 millones de dólares anuales.
Además, manifiesta un sólido respaldo a la reforma de la arquitectura financiera internacional para que refleje las necesidades del mundo actual.
“Apoyamos la reforma de las instituciones financieras internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo como clave para las inversiones a gran escala relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a fin de abordar mejor los desafíos globales”, apunta la declaración.
Según los declarantes, la arquitectura financiera internacional, incluidos sus modelos de negocio y capacidades de financiamiento, “debe hacerse más adecuada a su propósito, equitativa y receptiva a las necesidades de financiamiento de los países en desarrollo, para ampliar y fortalecer la voz y la participación de los países en desarrollo en la toma de decisiones económicas internacionales, las normas entorno y la gobernanza económica global”.
El texto se pronuncia también por un mecanismo eficaz de alivio de la deuda y subraya la necesidad de establecer un financiamiento privado a tasas más asequibles para los países en desarrollo.
La declaración busca, asimismo, impulsar la inversión en la transición a las energías renovables, promover el acceso a internet para todos, crear 400 millones de empleos decentes y ampliar la protección social a más de cuatro millones de personas.
En 2015, los jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron con los ODS, que incluyen poner fin a la pobreza extrema y el hambre, garantizar el acceso a agua potable y saneamiento, así como a energía verde, además de brindar educación universal de calidad y oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas en plazo de 15 años.
La situación actual permite proyectar que únicamente el 15% llegarían a buen término, en tanto que algunos van revirtiendo los avances que habían conseguido.

Por José Antonio Orella/Santa Cruz

Año tras año, el cambio climático amenaza los medios de subsistencia de las comunidades indígenas del Territorio Indígenas Monte Verde.

Las heladas que no se registraban antes, la sequía prolongada y los incendios forestales son las mayores amenazas.

En los últimos años, de manera inusual el territorio ha sido afectado por las heladas que en muchos casos ha llevado a perder, casi en su totalidad, las siembras que realizan en las comunidades indígenas.

Su bosque, cada año, es amenazado por los incendios forestales, quema por terceros, así como avasallamientos. Entre 2019 y 2021, se quemaron más 390 mil hectáreas de bosque en el Territorio Indígena Monte Verde. En 2022, 38 mil hectáreas de bosques quemado, los cusis y los copaibo se quemaron

Buscan adaptarse a la nueva situación, volviendo a prácticas aprendidas de sus abuelos. Como la recolección del cusi para elaborar aceite, practicando los sistemas agroforestales para proteger su bosque.

La Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Monteverde, está ubicada en el Departamento de Santa Cruz, en la Provincia Ñuflo de Chávez, 400 kilómetros al Noroeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Su territorio es de 947.440 hectáreas, superficie mayor a la de Puerto Rico, es una de las TCO más grandes de Bolivia, tiene un gran valor forestal, ya que casi en su totalidad, está cubierta de bosques.

Este vasto territorio abarca parte de la jurisdicción de tres municipios: Concepción, San Javier y Guarayos. En la TCO Monte Verde residen 128 comunidades, con aproximadamente 10.000 habitantes. Las comunidades chiquitanas se concentran en el Sur de la TCO, e incluso algunas están fuera del mismo.

Picota en mano, Alejandra Mamani golpea la tierra y la arrastra atrás, hacia sus pies, una y otra vez. Cuando se detiene, con una mano saca de entre la tierra las cabezas rojas de cebolla.

Es tiempo de cosecha. El tercer sábado de noviembre, ella recogió también habas y arvejas, para vender a los visitantes que llegaron a su comunidad como parte de la actividad agroturística que realiza con la Red Polinizar.

Alejandra Mamani revisa las cebollas que acaba de cosechar y que luego vendrá en la ciudad de La Paz.

A Mamani le toca regar sus sembradíos los miércoles. Lo hace por inundación con el agua que corre por los tubos que se extienden a lo largo de su parcela. Hace cinco años, a través de un proyecto, financiado por una ONG y el municipio, en algunas comunidades de Palca se instaló un sistema de riego.

Retamani fue una de las beneficiadas, ahora las familias agricultoras tienen días determinados para regar sus cultivos. A pesar de esa limitación y lo costoso de ese sistema de riego, David Quispe, esposo de Alejandra, se siente satisfecho con su producción agrícola.

Los pobladores de Retamani tienen garantizada la provisión de agua, pero deben respetar un cronograma para usarla en sus cultivos.

Durante nuestra visita, cosechó papa para usarla en la preparación del almuerzo que sirvieron a sus ocasionales visitantes. Antes de cocinarlas, las lavó con el agua cristalina que llega hasta su vivienda, gracias a su sistema de riego.

Retamani es una de las 69 comunidades que componen los tres distritos rurales del Municipio de Palca, ubicado a dos horas en auto de la plaza Murillo de La Paz. Su principal actividad productiva es la agricultura, le siguen la ganadería y la minería. Esta última es rechazada en algunas comunidades porque contamina sus fuentes de agua.

Retamani tiene 398 hectáreas de superficie. Es tierra fértil. Alejandra Mamani, con una sola toma de aire, nos cuenta que, además del ganado vacuno, producen arveja, haba, maíz, cebolla, papa, cebada. “Todo producimos. Fruta también: manzana, tuna, durazno, pera”, complementa.

– ¿Y de dónde viene el agua con la que riegan sus cultivos?

­- Directo baja del Mururata, responde Alejandra.

2060, ¿el punto crítico para el glaciar Mururata?

El Mururata es un glaciar ubicado en la Cordillera de Los Andes, está muy cercano al Illimani. Se está derritiendo más rápido que hace tres décadas, al igual que los otros que están en la misma cordillera. Según científicos bolivianos y extranjeros, es víctima del calentamiento global.

El glaciólogo Edson Ramírez, investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, estima que los glaciares como el Illimani, Wayna Potosí, Tuni-Condoriri, Mururata y Sajama, han perdido un promedio del 40% de su cobertura de nieve en los últimos 30 años debido al incremento de la temperatura.

El cambio climático avanza y el Mururata podría perder su cobertura glaciar en 2061.

El estudio “Deshielo del nevado Mururata y su impacto sobre los recursos hídricos de la cuenca de Palca”, realizado por Ramírez en 2008, establece que tuvo un retroceso generalizado en el último medio siglo del 20,13% de su superficie.

En la conclusión de su estudio, el glaciólogo Ramírez señala que: “el hecho de que la superficie del nevado por encima de los 5.300 metros es todavía significativa, muestra que el nevado Mururata, si bien experimentará en la próxima décadas retroceso de sus frentes glaciares, éno desaparecerá”.

Este año, tras un análisis multitemporal hecho con imágenes del satélite Landsat, Jerzon Quisbert Parra, investigador de la carrera de Topografía y Geodesia de la Universidad Mayor de San Andrés, afirmó que hasta el año 2061 la cobertura glaciar del nevado de Mururata podría perderse totalmente.

El experto analizó el comportamiento glaciar a través de la obtención de imágenes Landsat de los años 1988, 1993, 1998, 2003, 2008, 2014 y 2018. La investigación tuvo como herramientas a la Teledetección y Sistemas de Información Geográfica (SIG), con las que se obtuvo información cuantitativa y grafica del análisis multitemporal.

El Mururata cuenta con una altitud de 5.750 metros sobre el nivel del mar y la distribución espacial del glaciar es la siguiente: Yanacachi con un 57%, Palca con un 22%, e Irupana con un 21%.

Según el estudio, el área glaciar perteneciente al municipio de Irupana fue el más afectado, con una pérdida del 60,5%, en el municipio de Palca fue el segundo más afectado perdiendo 44,8% de su área glaciar y, por último, el municipio de Yanacachi con 25,6% de pérdida glaciar.

El periodo de mayor pérdida glaciar ocurrió a finales del siglo XX y a inicios del siglo XXI, según Quisbert.

Adaptación, represas y cosecha de agua

El agricultor David Quispe ha percibido que en Retamani, donde tiene sus cultivos, hay más agua que antes. Cree que es porque el Mururata se está derritiendo “más que antes”.

“Hay épocas en que mucha agua suelta, más que todo cuando hace mucho calor”, explica. Sabe que el cambio climático es el problema. A él, como a otras familias de su comunidad, ya les han hecho conocer que el glaciar está desapareciendo.

Los pobladores han buscado las mejores alternativas para aprovechar el agua que llega del Mururata en sus cultivos.

Para Quispe una alternativa es construir pequeñas represas para colectar el agua de la lluvia.

Su vecina Dora Tola Pugro, de la comunidad Choquecota, donde el agua del Mururata llega sin pausa porque está ubicada en las faldas de ese cerro, piensa que “de aquí a 10 años, se va a perder esa agua”.

“Nosotros, en el municipio, pensamos hacer unas represas para captar el agua de la lluvia. Eso es para harta plata, estamos buscando proyectos de la Gobernación (de La Paz)”, dice contundente.

Consultamos al ministro de Medio Ambiente, Juan Santos Cruz, sobre la estrategia o plan de adaptación al cambio climático del gobierno, respondió que si hay un plan que se está ejecutando.

“Tenemos varios ejes. El cambio climático está generando eventos climáticos en diferentes regiones del país durante el año. En el oriente del país, tenemos época fuerte de sequías e incendios que ya hemos controlado con Defensa Civil”, aseguró.

En tanto en la región andina, “las sequías y la granizada provocan desastres que perjudican la producción agrícola”. “Estamos iniciando una época de intensas lluvias, se vienen las inundaciones, pero vamos anticiparnos de manera responsable”, dijo.

Cinco municipios de la metrópoli del departamento paceño son vulnerables, en diferentes niveles, a las sequías, inundaciones por efecto de las lluvias, heladas, entre otros. Achocalla, Mecapaca y Palca aseguran que incluirán su plan contra el cambio climático en sus PTDIs en 2022. Mientras El Alto implementó su plan 2021, La Paz tiene uno hasta el 2026 que apunta más a la mitigación.

Miriam Telma Jemio/La Pública

A casi dos meses de la cumbre de las Naciones Unidas sobre cambio climático (COP26), que se realizará entre el 1 y 12 de noviembre, en el Reino Unido, crece la demanda para que los gobiernos eleven sus compromisos de reducción de emisiones, acordes a la meta del Acuerdo de París: estabilizar el aumento de la temperatura por debajo de los 2°C.

El último informe del IPCC (del 9 de agosto) señala, entre otros aspectos, que el cambio climático afecta cada rincón del planeta de múltiples formas y que los cambios que experimentamos crecerán con el incremento del calentamiento. El titular de la ONU, Antonio Guterres, lo ha calificado como “un código rojo para la humanidad”. Mientras, la sociedad civil lamenta las restricciones sanitarias que podrían evitar su participación presencial en la cumbre climática.

El embajador británico en Bolivia, Jeff Glekin, nos habla sobre los desafíos que tiene su país como sede de la COP26 para lograr acuerdos congruentes con la urgencia de la crisis climática y, además, para resguardar la salud, debido a la Covid19, de los asistentes a la cumbre y de su propia población.

LP: ¿Cuál es la expectativa que tiene el Reino Unido sobre los resultados de la COP26?
JG: El tema del cambio climático, como hemos visto en los últimos meses y los últimos años, es una situación bastante grave y es el reto más importante para todo el mundo. Nuestro presidente designado para la COP26, Alok Sharma, tiene el compromiso de trabajar muy fuerte para lograr resultados ambiciosos en la COP26 con la participación de todas las partes.

La COP26 debe poner al mundo en el camino hacia una economía de carbono cero. Mientras nos recuperamos del Covid19 y nos encontramos en un punto de inflexión para nuestro planeta y nuestra salud, hay varias brechas pendientes que sientan las bases para lo que debemos trabajar en Glasgow.

Primero, está la ambición en materia de mitigación. Las NDC (Contribuciones Nacionalmente Determinadas) están muy lejos de los objetivos de temperatura del Acuerdo de París. La ciencia muestra que es necesario mantener la temperatura en 1.5°C.

Segundo, está la ambición en materia de financiamiento. Tenemos que cumplir con los cien mil millones de dólares anuales de financiamiento climático para los países en desarrollo. Estamos trabajando en eso, junto con Canadá y Alemania, para lograr esta cifra que es bastante ambiciosa.

Tercero, está la ambición en adaptación y resiliencia. Sabemos que el cambio climático está ocurriendo ahora, como hemos visto en los incendios alrededor del mundo y todos estos eventos climáticos que antes no era tan normal. Hay que dedicar más esfuerzos y ayudar a las comunidades a adaptarse y

ser resilientes ante el cambio climático.

LP: ¿A qué apunta la Presidencia de la COP 26 sobre el Acuerdo de París, por ejemplo, sobre el Artículo 6, que incluye los mercados de carbono, donde aún no hay acuerdos?

JG: Lograr todo lo que está dentro del Acuerdo de París es un objetivo para nosotros. Mantener el nivel de 1.5°C es sumamente importante para nosotros y también para Bolivia, como hemos escuchado durante la visita del Presidente de la COP26 a Bolivia.

Hemos hablado mucho sobre el Artículo 6, sobre el 1.5°C y hemos tenido una reunión ministerial en Londres, en julio, a la cual asistió una delegación de Bolivia.        

Para lograr eso debemos poner al planeta en un camino de fuertes reducciones de emisiones, que nos llevan a compromisos de ser Cero Neto hasta 2050 y eso implica que necesitamos reducciones de emisiones muy ambiciosas hasta 2030.

En Glasgow, debemos demostrar que el crecimiento limpio y bajo en carbono es la historia del crecimiento del futuro que se está acelerando y que es irreversible. Esto es algo que, como Gran Bretaña, nos hemos comprometido a hacer. Lo que estamos buscando es aumentar el nivel de ambición de todos los países en desarrollo y desarrollados, obviamente.

LP: Su país tiene compromisos altos de reducción de emisiones, ¿qué implica esa reducción para su país? Se habla que eso limita el desarrollo…

JG: Creo que hay un mito que está bastante fuerte en algunos países: que el desarrollo está en competencia con la sostenibilidad. No veo el mundo así. Gran Bretaña es una muestra de que un país puede disminuir el nivel de emisiones y, al mismo tiempo, crecer su economía. La parte verde de nuestra economía es la que está creciendo más rápido que todas las demás.

Es verdad que el Reino Unido se planteó la meta más ambiciosa del mundo en cuanto a reducción de emisiones y pone a mi país en el camino para alcanzarlas hasta 2050.

Esto implica estrategias ambiciosas en todos los sectores incluyendo la energía, el transporte, los edificios y, también, la eliminación de la energía de carbono para 2024. También hemos prohibido la venta de automóviles a gasolina, diésel e híbridos a partir de 2035.

Nuestro Primer Ministro está a la cabeza de un Comité de Estrategia de Acción Climática que supervisa las acciones para reducir las emisiones de todo el gobierno y para lograr el objetivo de cero emisiones, pero eso también ofrece oportunidades económicas de empleo en las nuevas industrias con bajas emisiones de carbono. No hay conflicto entre el crecimiento y la lucha contra el cambio climático.

Obviamente, cada país tiene sus propias estructuras económicas. En Bolivia veo el reto de disminuir el nivel de emisiones más importantes en el tema de deforestación. Ese no es un reto para nosotros, en Gran Bretaña no tenemos la misma cantidad de bosques como tiene Bolivia. En algunos países la matriz de energía es muy diferente, entonces tenemos que personalizar cada NDC, cada estrategia.

Hemos financiado un estudio para ofrecer al gobierno de Bolivia el cambio de energía a una energía mucho más renovable. Eso ofrece una oportunidad para Bolivia. Bolivia tiene una gran riqueza, un potencial de ser una economía muy verde para atraer más inversiones.

LP: ¿Usted cree que el último informe del IPCC impulsará a los países a aumentar sus compromisos en la reducción de emisiones?

JG: Como funcionario he empezado mi trabajo en el Ministerio de Hacienda en Gran Bretaña hace 20 años. Cuando publicamos una revisión del profesor Nicholas Stern sobre la economía de cambio climático, me acuerdo que pensaba en el cambio climático como un reto bastante grande. Han pasado 20 años, estamos en un punto muy diferente, ahora hay una aceptación de la ciencia.

Creo que todos los países han aceptado este informe del IPCC y eso es un gran logro, pero tenemos mucho más quehacer y no tenemos una segunda oportunidad de hacerlo. Lo que dice ese informe es que ahora hay un 90% de posibilidades que el calentamiento global va a pasar de los 1.5°C en las próximas dos décadas. Tenemos solo 10% de la probabilidad de no llegar a este punto.

Esto significa que todavía hay posibilidad de aumentar nuestro nivel de ambición con una descarbonización más rápida e inmediata.

Eso es lo que tenemos que hacer en Glasgow, en noviembre, aumentar nuestra implementación y nuestras ambiciones para no llegar a ese punto tan peligroso para nuestro planeta.

Hay muchos países en el mundo que no están de acuerdo con qué tan urgente es esta situación y qué tan grave para todas nuestras vidas, para las vidas de nuestros hijos y nuestros nietos. (Aumentar las ambiciones) es algo que tenemos que hacer ahora mismo.

LP: ¿Qué tipo de proyectos apoyan en Bolivia relacionados con cambio climático?

JG: Desde 1994, hemos estado en Bolivia financiando proyectos a través de la Iniciativa Darwin, que es un programa de mi gobierno que ayuda a proteger la biodiversidad. Estos proyectos buscan abordar las principales amenazas a la biodiversidad, entre ellas la pérdida o degradación de hábitats, el cambio climático, la sobreexplotación y contaminación. Hemos financiado más de 5,5 millones de dólares en Bolivia.

Este año hemos estado trabajando en coordinación con diferentes instancias del gobierno boliviano para apoyar en áreas como la actualización de las NDC, la transición energética, finanzas verdes y sostenibles, y la gestión de nuevos programas de financiamiento para la reducción de la deforestación en Bolivia. Me gustaría hacer más.

Durante la visita del Presidente de la COP26, con el presidente Luis Arce hemos hablado sobre diferentes programas. Bolivia ahora está aplicando para ser parte del programa LEAF, que integran el Reino Unido, Noruega y Estados Unidos. Eso va a ayudar en el tema de deforestación.

Hay más que podemos hacer. Necesitamos encontrar más programas y convencer al gobierno de Bolivia de que sea parte de los programas internacionales de financiamiento, en lo cual estamos trabajando mucho en varios países del mundo.

LP: ¿Qué nos puede decir de la visita del Presidente de la COP26 a Bolivia? ¿Cuál era el objetivo?

JG: No hemos tenido una visita de este nivel en Bolivia desde hace 25 años. Entonces, es bastante importante y muestra nuestro compromiso de escuchar a los países en desarrollo, con pueblos indígenas muy vulnerables a los efectos de cambio climático.

Sabemos que como Presidencia de la COP tenemos que dar voz a estas comunidades. Sabemos que el tema de biodiversidad y de la riqueza de la naturaleza de Bolivia implica que Bolivia es un actor bastante importante en el tema de cambio climático, no solo en la región, sino en el mundo.

Me parece muy importante que haya podido venir aquí, escuchar diferentes opiniones y también tratar de encontrar puntos en común, porque sabemos que Bolivia tiene una posición muy distinta en el tema de las negociaciones de cambio climático, tiene su propia filosofía sobre la Madre Tierra, sobre el vivir bien. No estamos totalmente de acuerdo en el tema del Artículo 6 y los mercados de carbono.

Ha sido bastante productivo tratar de entendernos mejor, tener reuniones a muy alto nivel, pero igual es importante escuchar a las comunidades, las jóvenes, los jóvenes y las mujeres, sus opiniones sobre qué tenemos que hacer en el tema de cambio climático.

Sé que el presidente (Sharma) ha escuchado las ideas de los bolivianos y va a tratar de involucrarlos en la COP. Queremos que la COP26 sea la más inclusiva de la historia y que involucre a todos los actores importantes, que no solo sean cabezas de Estado.

LP: ¿Cuál es el mayor desafío de ser sede de la COP26?

JG: Hacer un evento de este tamaño durante una pandemia no va a ser fácil. Es un gran reto para nuestra Presidencia llevar adelante una COP26 presencial exitosa.

Estamos trabajando de cerca con el gobierno de Escocia, las autoridades de la ciudad de Glasgow, con nuestros socios en las Naciones Unidas y el gobierno de Italia para que todos nuestros socios puedan asistir y eso implica en serie de medidas, mucha planificación logística.

El reto de tener básicamente 200 países y negociar -encontrar puntos en común, estar de acuerdo con lo que estamos haciendo como planeta- es sumamente difícil, porque siempre vamos a escuchar diferentes opiniones sobre las mejores medidas, pero no tenemos tiempo para debatir, lo que tenemos que hacer es actuar, el cambio climático no respeta las fronteras ni las ideologías.

Esos retos son bastante grandes, son parte de la diplomacia y de las relaciones internacionales, es actuar juntos y buscar maneras en que todo el planeta pueda sobrevivir.

LP: Organizaciones de la sociedad civil han criticado las restricciones por las medidas de bioseguridad impuestas para asistir a la COP26, en Glasgow, sobre todo las cuarentenas de 10 días que implican gastos adicionales y elevados. Esto impediría su participación y la de delegaciones de algunos países en desarrollo, ahondando una desigualdad señalan. ¿Qué puede decir al respecto?

JG: Creo que el principal objetivo es mantener la seguridad y tenemos que respetar el tema. Tener un grupo tan grande, en la misma ciudad, tiene riesgos y como gobierno tenemos una responsabilidad con nuestra población.

Tenemos que poner límites en la libertad de este tipo de eventos y mantener la seguridad de todas las delegaciones y sus países, porque ellos (los participantes) van a ir a Glasgow y después regresar a sus países tal vez con diferentes cepas de Covid19. Vamos a necesitar mantener la seguridad.

En un mundo ideal, sin pandemia, podemos hacerlo mucho más abierto, pero eso realmente es un reto y tenemos que encontrar un punto de equilibrio entre ser lo más grande posible y más inclusivo posible, pero igual con respeto a la seguridad de todos los participantes y toda la población británica.

Estamos trabajando en eso, no sabemos exactamente cuál será la situación en noviembre, entonces cualquier cosa que han escuchado se puede cambiar en las próximos semanas y meses hasta que llegamos un punto un poco más seguro.

Lo que veo es que no es un tema de diferentes medidas para diferentes países, solo que cada país va a tener que respetar las medidas de seguridad, pero igual vamos a hacer todo lo posible para que llegue un grupo de actores lo más diverso posible y lo más inclusivo.

En eso estamos trabajando directamente con el gobierno de Bolivia. Hablando casi cada día con la delegación boliviana para que tengan lo más fácil posible, en una situación bastante difícil.

LP: ¿Han limitado el número de participantes de las delegaciones oficiales?

JG: No, pero no soy exactamente un experto en el tema en estos detalles, entonces voy a tener que averiguar. Lo que entiendo es que, lo más probable, las delegaciones no van a ser tan grandes como antes y vamos a necesitar hacer algunos eventos virtuales.

Por un lado, la pandemia ha sido terrible, absolutamente, un gran desastre para nuestros pueblos. Por otro lado, ahora sabemos que podemos hacer en línea muchas reuniones y tener mucho más contacto inmediato a través de la tecnología y eso es algo que tenemos que aprovechar y utilizar para abrir la COP26 de Glasgow, para que llega a todas los partes del mundo.

LP: De todas maneras, inclusive de manera virtual hay restricciones para la sociedad civil como pasó en la PreCop26, el número de acreditaciones era limitado para la participación de la sociedad civil. Han cuestionado que no haya estado abierto para todos…e manera virtual hay restricciones para la sociedad civil como pasó 

JG:

 Organizar un evento con todo el mundo no es fácil y siempre va a haber más demanda que oferta para el nivel de participación. Eso es algo que con la presidencia estamos tratando de llegar un punto justo e inclusivo, pero obviamente a veces vas a tener algún grupo u otro que va a tener más ganas de participar que la oferta, por eso hemos tenido una visita a Bolivia, para realmente mostrar nuestro compromiso con este país.

Vamos a trabajar como embajada en Bolivia para abrir las más puertas posibles para la sociedad civil, sé que lo más probable es que no vamos a poder lograr el 100%, pero eso sí también es un equilibrio en una cumbre una discusión eficiente, donde podemos hacer las cosas más importantes para el planeta y que todo el mundo sienta que ha tenido una oportunidad de participar.

El presidente de la COP26, Alok Sharma, habla durante su visita a una

comunidad boliviana, junto a él (sentado) el embajador británico, Jeff Glekin.

Foto: Embajada Británica