Carla Hannover / La Paz

“En Bolivia el sistema de justicia falla y lo hace principalmente con quienes sufren violencia, pese al incremento de denuncias”, sostiene Erlinda Quispe, secretaria municipal de Desarrollo Social de La Paz. Su oficina está a cargo de las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia y de los Servicios Integrales Municipales (SLIMS) que a diario atienden este tipo de casos.

Burocracia, retardación en la atención de denuncias y falta de profesionales para atender a las víctimas... La lista de problemas podría extenderse si se indaga a profundidad en cada una de las instancias -Municipio, Policía y Fiscalía- que tienen en sus manos la atención de las denunciantes. En el caso de las oficinas municipales, Quispe explica que recién en junio de este año se ha iniciado una reingeniería del trabajo y atención en los SLIMS, pues la forma de abordar los casos era poco efectiva.

“En años pasados, cuando una persona se aproximaba a nuestras oficinas para denunciar maltrato o violencia, nuestros profesionales la citaban para otro día a fin de hacer evaluación psicológica y otro día para el abordaje legal, tal cual hacen otras instancias. Esto ha cambiado desde junio, pues se atiende en el día. Ahora, cuando llega un caso, inmediatamente se hace la evaluación psicológica, social y la atención legal respectiva”.

En septiembre del año pasado, centenares de ciudadanos salieron a protestar a las calles de La Paz contra los casos de violencia y feminicidio reportados en esos días. FOTO: Iblin Linarez

Bs 12 millones de presupuesto

Este reordenamiento, explica Quispe, se debe al incremento de denuncias en los últimos años y al incremento de presupuesto que recientemente ha recibido su oficina. “El 2014, el alcalde Luis Revilla duplicó el presupuesto de esta secretaría a 12 millones de bolivianos anuales para el funcionamiento de las Defensorías Municipales, los SLIMS y el albergue de niños y adolescentes de Mallasa. Este monto cubre el pago de personal, equipamiento y manutención de vehículos. A partir de esto, se ha evaluado junto con los profesionales cómo mejorar el sistema. Si bien, contamos con el mismo personal y éste quizá está más recargado, la atención es más eficiente”.

Sólo las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia y los SLIMS tienen un equipo de 170 profesionales que están distribuidos en siete equipos que trabajan en los diferentes macrodistritos de La Paz, además de una defensoría especializada donde atienden casos graves como violencia sexual, física u otros. Asimismo, tienen un grupo de psicoterapeutas que trabajan, desde 2013, con las mujeres víctimas de violencia para que no vuelvan a caer en este círculo.

¿Y las casas de acogida? “Éstas dependen de las Gobernaciones. En el caso de La Paz, han cerrado los albergues y los han trasladado a El Alto, donde se registra mayor índice de violencia”, detalla Quispe. Ante esta ausencia de espacios, en 2013 el Municipio decidió construir un albergue para mujeres. “El proyecto se inició durante esa gestión con una inversión de 8.200.000 bolivianos. La Ley 348 se promulgó mucho después, pero de igual forma nos fortalece porque con lo que destinen para la construcción de casas de acogida en los municipios, nosotros vamos a equipar este albergue. Actualmente, el Estado, en cumplimiento de la Ley, tiene previsto invertir en el municipio de La Paz Bs 2.500.000”.

El albergue será transitorio y tendrá capacidad para alojar a 30 mujeres con sus hijos, donde recibirán terapia, contención emocional y donde serán capacitadas para su empoderamiento. “Se les dará las herramientas para salir del ciclo de violencia”. Ahora bien, un proyecto de estas características requerirá una inversión anual de otros 2.500.000 bolivianos. 

Dos jóvenes participan de una jornada contra la violencia organizada por el municipio de La Paz y el Programa de Apoyo a la Democracia a fines de julio FOTO: Carla Hannover

Niños y niñas, cada vez  más casos

¿Cuáles son las cifras sobre violencia que manejan en su oficina?

De enero de 2015 a la fecha (30 de julio), hemos atendido 6.689 casos de violencia. Este año los casos y denuncias se han incrementado comparados con lo registrado en 2014, ya superan en 20% respecto de ese periodo. La violencia hacia niños, niñas y adolescentes es la que mayores víctimas alcanza, pues hemos registrado 3.700 casos, en tanto que la que aqueja a mujeres suma 2.700 casos. La violencia denunciada por hombres llega a 182 casos y el resto son casos menores.

¿Qué características tiene la violencia contra la niñez?

Nos preocupa el incremento de casos de violencia sexual. Lo más grave es que ahora el entorno familiar es el que estaría ejercitando la violencia contra los menores. Antes era el vecino o gente vinculada a la unidad educativa, pero ahora es dentro de la familia, y con el sistema de justicia que tenemos es muy difícil lograr soluciones. Por ello consideramos que toda la ciudadanía, estudiantes, niños y niñas, todos tenemos que cambiar la cultura violenta que se ha construido. Que este cambio de actitud contribuya a la disminución de casos de violencia.

¿De los 3.700 casos denunciados, cuántos corresponden a violencia sexual?

De las 3.700 denuncias recibidas, tenemos 48 de violencia sexual hacia niños y niñas del municipio de La Paz. El resto de denuncias tienen que ver con violencia psicológica y física que son las más frecuentes, pero cuando éstas se naturalizan dentro de la casa hay una línea muy delgada para que se conviertan en violencia sexual. De los casos que hemos atendido hasta el año pasado, hemos detectado que en su mayoría son el papá, el tío o el padrastro quienes ejercen este tipo de violencia, aunque hay madres que también han incurrido en ello.

¿Cuáles serán las causas de este incremento de casos de violencia hacia niños y niñas?

Nosotros creemos que se debe a las campañas de prevención sobre la violencia que hemos llevado adelante en las Unidades Educativas en estos últimos años. El programa “Constructores de buen trato” ha capacitado a más de 3000 personas entre alumnos, profesores y directores. Creemos que esta sensibilización y la importancia de denunciar los hechos de violencia ha hecho que se incrementen las denuncias. Por otro lado, la violencia es un mal que se incrementa a diario debido principalmente a problemas laborales, en la pareja o por temas económicos. Asimismo, porque existe una falta de control en los medios de comunicación respecto a los programas que emiten violencia, que deberían ser controlados por el Ministerio de Comunicación, y el acceso ilimitado al internet en jóvenes y niños, que hace que la violencia se esté naturalizando.

¿Cómo actúan cuando reciben casos de agresión sexual a un menor de edad?

Cuando llegan niños por estos temas se les hace un estudio forense con los profesionales del Instituto de Investigación Forense (IDIF). El psicólogo hace un estudio psicosocial en una cámara Gesell. Este material es el que se usa en los juicios, mientras que los profesionales en temas jurídicos se encargan de llevar adelante la denuncia en la fiscalía para que el agresor, que por lo general es identificado, sea detenido. 

Mujeres, víctimas de múltiple violencia

Mencionaba usted que el otro índice alto de denuncias corresponde a casos de violencia contra la mujer ¿qué causas se ha identificado?

Es un ciclo que tiene que ver, en principio, el factor económico. Hay también mucho celo de parte de los varones, que por lo general se oponen a que la mujer desarrolle sus actividades laborales fuera de casa o que le permitan generar recursos económicos propios.  La mayoría de los casos responden a violencia psicológica, luego física y la de incumplimiento en las asignaciones familiares. La violencia psicológica es ejercida por el esposo, en el caso de la violencia física no sólo es la pareja el que la ejerce, también se presentan padres o hermanos agresivos.

¿Cuáles los problemas más frecuentes que se atraviesa en los procesos?

Tenemos problemas, por ejemplo, con el Ministerio Público y los juzgados, pues se demoran mucho en la atención de las denuncias. Tenemos problemas al coordinar con el médico forense, pues a veces hay sólo dos profesionales para atender denuncias de todo el departamento de La Paz; casos principalmente de violencia sexual, sea de la Defensoría o de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), son remitidos a estos médicos. Es enorme la cantidad de casos que deben atender.

Por otro lado, necesitamos que las otras oficinas que trabajan con el tema violencia desde el nivel del Estado, la Fiscalía y la Policía, se sensibilicen de la necesidad de atención inmediata que demandan estos casos.

Describe usted un panorama que hace pensar en que el sistema es ineficiente.

El esfuerzo de las plataformas de atención integral de la familia, las defensorías y SLIM llegan con los procesos hasta cierto punto, pero para dar una solución integral a un caso de violencia, si es penal por ejemplo, necesitamos del sistema público, de los juzgados. Hay dos juzgados del menor para todo el departamento y hay miles de miles de casos. Éstos no se resuelven rápidamente, algunos se quedan dos o tres años estancados. Pese a tener una ley como la 348, los administradores de justicia son los que demoran. Creo que hay que hacer un llamado de atención en este campo, pues tienen que fortalecerse y sobre todo tienen que disponer de mayor personal sensibilizado para la problemática.

¿Qué tipo de protección o garantías tienen quienes han sufrido violencia y denuncian?

Hay mujeres víctimas de violencia que, al no ver resuelto su caso, se desaniman y lo abandonan. Ellas nos piden resultados, pero el municipio no es el único que debe resolver el problema, sino el sistema en su conjunto. El sistema de justicia del país deja vulnerables a las víctimas de violencia que se animan a denunciar, pues esa víctima, sin medidas que la protejan de inmediato, fácilmente llega a vivir un acto de violencia en manos de la misma persona y en el mismo hogar. Es un sistema de justicia que está fallando no solo por no atender los casos con rapidez, sino porque revictimiza a las denunciantes y ahí poco o nada puede hacer el municipio, pues somos una parte muy pequeña de todo ese conjunto.

Ahora bien, desde junio estamos manteniendo reuniones de coordinación con la FELCV para tener mejores resultados. Con los médicos forenses hemos tenido un primer acercamiento y están tomando conciencia de que son necesarios más especialistas. Con quienes no hemos podido reunirnos es con las autoridades de la Fiscalía de Distrito de La Paz; vamos a insistir, aunque es el Ministerio de Justicia el que debe velar por el cumplimiento adecuado de la Ley y la seguridad de los ciudadanos.

¿De qué manera se trabaja desde el municipio para prevenir la violencia?

Hay varios programas; en el caso de la Secretaría de Desarrollo de La Paz tenemos el proyecto de prevención “Constructores del buen trato”. Nosotros identificamos dónde hay mayores casos de violencia. Si, por ejemplo, es en el macrodistrito Cotahuma, buscamos una unidad educativa para trabajar con los estudiantes, los padres de familia y los docentes en prevención, capacitación y sensibilización, durante cuatro meses. Pero la prevención es un proceso largo, pues debemos trabajar con distintos actores que forman parte del entorno de quienes viven violencia. El año pasado hemos llegado a capacitar a 3.000 personas. Sabemos que no es suficiente, por eso hemos pedido apoyo al Padem. Pensamos llegar a más de 30 unidades educativas del municipio.