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A cuatro años del secuestro y tortura de siete periodistas en el predio Las Londras, en la provincia Guarayos (Santa Cruz), las víctimas continúan sin justicia y los agresores permanecen en libertad. Este hecho, ocurrido el 28 de octubre de 2021, se ha convertido en un símbolo de la impunidad estructural que afecta al ejercicio del periodismo en Bolivia.
El Informe Especial Las Londras, elaborado por organizaciones de periodistas y derechos humanos, recuerda que ese día un grupo armado encapuchado emboscó a una caravana integrada por comunicadores, policías y trabajadores agrícolas. Los periodistas fueron retenidos por más de ocho horas, golpeados, torturados y amenazados de muerte, mientras los agresores destruían sus equipos y material de trabajo para impedir la difusión de los hechos.
Cuatro años después, el proceso judicial sigue paralizado. Tres de los imputados se encuentran en rebeldía y los otros dos enfrentan el juicio en libertad. La causa fue suspendida tras un recurso de declinatoria que busca llevar el caso a la jurisdicción indígena originaria campesina, una maniobra que, según las víctimas, constituye una forma de revictimización y un intento de evadir la justicia ordinaria.
El informe advierte que las dilaciones, los cambios arbitrarios de fiscales y la falta de debida diligencia evidencian la falla estructural del sistema judicial boliviano para garantizar justicia y protección a la prensa. Esta impunidad, señala el documento, no solo afecta a las víctimas directas, sino que envía un mensaje de intimidación al conjunto del periodismo nacional y limita el derecho ciudadano a recibir información veraz y plural.

“Cuando los agresores de periodistas no son sancionados, se consolida un efecto de censura y autocensura que debilita la democracia”, sostiene el texto, recordando que la libertad de expresión es un pilar esencial del Estado de derecho.

El informe también insta al Estado boliviano a cumplir con sus obligaciones internacionales y adoptar medidas urgentes, entre ellas: la reanudación inmediata del juicio oral, la creación de un Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas como Defensores de Derechos Humanos, y la implementación de políticas efectivas de reparación y no repetición.

Múltiples vulneraciones

El ataque a los periodistas en Las Londras constituye una violación múltiple a derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que en su artículo 106 garantiza la libertad de expresión y el derecho a la comunicación e información. La violencia ejercida contra los periodistas y la consiguiente impunidad vulneró, además, los derechos a la integridad personal, a la libertad y seguridad, al acceso a la justicia y a la protección judicial efectiva.
De acuerdo con los estándares internacionales, el Estado tiene el deber de prevenir, proteger, investigar y sancionar los actos de violencia contra periodistas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido en reiterada jurisprudencia (casos Velásquez Rodríguez, Palamara Iribarne, Lagos del Campo) que la impunidad perpetúa la vulneración de derechos y genera un efecto inhibitorio sobre el ejercicio de la libertad de expresión.

Las y los periodistas, por su labor de informar y fiscalizar el poder, deben ser reconocidos como defensores de derechos humanos porque la violencia ejercida contra ellos afecta no solo a las víctimas directas sino a toda la sociedad.
El ataque de Las Londras es, por tanto, un atentado al derecho ciudadano de acceder a información veraz y plural, condición indispensable para la participación democrática.

Impacto en la democracia

La impunidad en el caso Las Londras trasciende a las víctimas y se proyecta como un mensaje de violencia y censura estructural contra la prensa boliviana. Además, la falta de sanción a los responsables vulnera el derecho de la sociedad a recibir información y restringe el debate público, debilitando el pluralismo y la deliberación democrática.

Cuando los agresores de periodistas no son sancionados, se consolida un efecto amedrentador que impulsa la autocensura, especialmente en regiones donde los conflictos territoriales y el poder político o económico generan riesgos adicionales.

Este patrón de impunidad socava la credibilidad del sistema judicial, debilita la confianza ciudadana en las instituciones y pone en riesgo el principio democrático de rendición de cuentas.
El caso también evidencia la ausencia de un mecanismo de protección integral para periodistas como personas defensoras de derechos humanos, una deuda pendiente del Estado boliviano pese a reiteradas recomendaciones de organismos internacionales como la CIDH, la ONU y UNESCO.

A la niña Abigail,
En memoria

Con un plantón en el atrio de la Alcaldía, la activista y madre de la fallecida Andrea Aramayo responsabilizó al Alcalde de La Paz por la pérdida de las imágenes de la cámara que monitoreaba la calle Pedro Salazar en Sopochachi, lugar donde su hija habría perdido la vida luego de ser atropellada por su ex pareja William Kushner. Revilla señaló que esas acusaciones son injustas y aseguró que la Policía es la única responsable del monitoreo de cámaras de seguridad de la ciudad.

En lo que va de 2015, las Defensorías y los Servicios Integrales Municipales de La Paz han recibido 6.689 denuncias de violencia, la mayoría contra niños y mujeres. El sistema de justicia no responde rapidez y eficiencia, lo que deja en la letra muerta las leyes para prevenir y castigar. A esto se refiere Erlinda Quispe, secretaria de Desarrollo Social del Municipio de La Paz.  

Se calcula que 7 de cada 10 mujeres bolivianas son víctimas de violencia. Por ello, el PADEM busca despertar la conciencia de la población sobre este tema con una campaña que incluye movilizaciones callejeras, la presentación de obras teatrales y la proyección de audiovisuales. Serán tres días de reflexión, entre mañana 29 de julio y el viernes 31.  

Cerca de las dos de la madrugada del 7 de junio de 2014, alguien llamó a la puerta de David Serrano. Era Maribel, su hermana. “Estaba exaltada”, recuerda él. Sorprendido, le preguntó: “¿Qué fue?”.  “Veruskita. He recibido un llamado, hay un problema”. Veruska es la sobrina de David, la hija de Maribel. Y el problema era que en ese momento estaba inconsciente y semidesnuda en un alojamiento al que había sido llevada por dos hombres, pues ella no podía caminar por sí misma por el efecto de alguna droga. Un año después, el problema de Veruska y su familia no se ha resuelto: a pesar de que hay pruebas, como el video de seguridad del hospedaje, todavía no ha empezado el juicio.

Foto: Noticia publicada por el diario cruceño El Deber en la que se cita la opinión del dirigente cívico de Samaipata. La nota fue compartida en las redes y muy criticada.

Las reacciones y análisis que el caso de Renee Gurley motivan son recogidas a través de entrevistas y de una revisión de lo que se ha publicado en los medios informativos y en las redes sociales digitales.

La audiencia oral del proceso judicial por violación ocurrido en Samaipata en noviembre de 2013 volvió a ser pospuesta por solicitud de los abogados de los tres acusados, y por el mismo motivo que la semana anterior: no acudieron los testigos.

¿Cuántas niñas tienen el valor de hacer lo que hizo esta muchacha? ¿Cuántos directores tienen el valor de expulsar a profesores abusadores de sus alumnos?

En noviembre de 2013, Renee Gurley denunció haber sido violada por tres hombres en Samaipata. Todavía no hay sentencia para los tres hombres detenidos. Esta semana, la audiencia oral fue aplazada una semana más. Renee es estadounidense y, aunque hay quien le pregunta que por qué no se marcha y olvida lo sucedido en Bolivia, quiere seguir adelante: espera que el Juez dictamine culpables a los acusados y que su caso pueda ser el ejemplo a seguir para muchas mujeres en el país.